Crisis política se intensifica en Baja California por investigación federal vinculada al entorno de la gobernadora

Mexicali/Tijuana, Baja California — La crisis política en el estado de Baja California se profundiza tras la confirmación de que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Carlos Torres, exesposo y exasesor de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero, lo que ha encendido un debate público sobre la transparencia y responsabilidad en el gobierno estatal. 

La investigación, que ha sido objeto de atención mediática y cuestionamientos de organismos anticorrupción, apunta a una posible red criminal con vínculos al Cártel de Sinaloa, presuntamente facilitada por la posición política de Torres durante su tiempo como funcionario. A raíz de estas acusaciones, diversas voces han exigido que la gobernadora Ávila se separe temporalmente de su cargo para facilitar las pesquisas y evitar conflictos de interés.

Las acusaciones detallan que Torres, padre de los hijos de la mandataria, habría utilizado inversiones en bienes raíces en Estados Unidos y otros esquemas para lavado de activos derivados del crimen organizado. Pese a haberse divorciado en octubre de 2025, la cercanía política entre ambos ha provocado especulación sobre la influencia de estas relaciones en la administración estatal. 

Organizaciones civiles y sectores de la oposición han señalado que este caso podría afectar la confianza ciudadana en las instituciones públicas y han llamado a una mayor transparencia en el manejo de fondos y contratos estatales, así como a la rendición de cuentas del ejecutivo estatal.

Aunque la gobernadora no ha renunciado ni ha anunciado un periodo de licencia, la presión política y mediática continúa, con solicitudes formales para que autoridades fiscales y de control interno fortalezcan la investigación y se esclarezcan los hechos.

Contexto adicional: En paralelo, medios regionales han reportado un aumento en hechos de violencia y hallazgos de restos humanos en diferentes puntos de Tijuana y Mexicali, lo que mantiene el tema de seguridad pública como un foco de preocupación para la ciudadanía y las autoridades locales.