Estudio del BID revela que subsidios financian hasta 72% del transporte público en Latinoamérica

En el marco del Foro Latinoamericano de Movilidad 'Ciudades en Movimiento', celebrado en Cancún, el titular del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (IMOVEQROO), Rafael Hernández Kotasek, presentó los hallazgos del estudio 'Financiamiento del Transporte Público en América Latina y el Caribe'. La investigación, desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Asociación Internacional de Transporte Público (UITP), analiza la sostenibilidad económica de los sistemas urbanos en la región.

El estudio revela que los sistemas de transporte público no pueden sostenerse exclusivamente con la tarifa pagada por los usuarios. En diversas ciudades latinoamericanas, el subsidio estatal representa hasta el 60% del costo total del sistema, llegando en algunos casos al 72%. Esta inversión, según el análisis, genera beneficios que trascienden a los usuarios directos, impactando positivamente a toda la ciudad mediante la reducción de congestión vehicular, emisiones contaminantes, costos en salud pública y desigualdad territorial.

Hernández Kotasek expuso que el incremento sostenido de costos operativos, la reducción de pasajeros en diversos contextos urbanos y el crecimiento acelerado de la motorización privada han colocado a los sistemas de transporte público ante un desafío estructural de sostenibilidad financiera. La investigación se basó en un análisis comparativo de sistemas urbanos regionales, incorporando información estadística oficial, evolución histórica de costos, comportamiento de la demanda, esquemas tarifarios y modelos de subsidio aplicados en distintas ciudades.

Entre las conclusiones estratégicas presentadas por el titular del IMOVEQROO destacan diez puntos clave. Se señala que la transformación del transporte público requiere una agenda integral que combine sostenibilidad financiera, equidad social y eficiencia en la prestación de servicios. Es indispensable priorizar la inversión en transporte público como política de desarrollo urbano y social, equiparándolo con otros servicios básicos.

El estudio identifica que el sector ha experimentado un aumento sostenido de costos debido a la congestión, alza de precios de insumos, reformas sin fondeo adecuado y crecimiento urbano no planificado. Esta situación, sumada a la reducción de pasajeros y políticas tarifarias limitadas, configura un desafío estructural. Se plantea la necesidad de definir políticas tarifarias explícitas, sostenibles y socialmente equitativas que equilibren viabilidad financiera y asequibilidad.

La investigación enfatiza la urgencia de diversificar las fuentes de fondeo más allá de la tarifa e incorporar mecanismos complementarios de financiamiento. Asimismo, subraya que la planificación financiera debe realizarse con visión de largo plazo, trascendiendo los ciclos políticos. La capacidad institucional se identifica como elemento clave para fortalecer los esquemas de fondeo, ya que la confiabilidad, seguridad y asequibilidad del servicio dependen en gran medida de la solidez financiera.

El análisis evidencia un desequilibrio regional: mientras los vehículos particulares han crecido exponencialmente en las últimas dos décadas, el transporte colectivo no ha tenido una expansión proporcional. Este fenómeno reduce su competitividad y afecta la calidad de vida urbana. Hernández Kotasek subrayó que el subsidio debe entenderse como una inversión estratégica para garantizar cobertura, frecuencia y accesibilidad, especialmente para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.

No obstante, enfatizó la necesidad de transitar hacia esquemas complementarios que diversifiquen ingresos y reduzcan la presión sobre los presupuestos públicos. El llamado central fue dirigido a los gobiernos para que asuman un papel rector en romper el círculo vicioso del deterioro del transporte público, diseñando políticas tarifarias explícitas, subsidios eficientes y mecanismos innovadores de financiamiento.