Diputada propone reforma para instalar guarderías gratuitas en zonas industriales de San Luis Potosí

La diputada local Sara Rocha Medina presentó una iniciativa para reformar la Ley de Centros de Educación Inicial y Cuidado Infantil del Estado y Municipios de San Luis Potosí. El objetivo principal es incentivar la creación de centros de cuidado infantil en zonas de alta densidad industrial mediante esquemas que permitan al personal operativo acceder a estos servicios sin costo.

La propuesta busca que las empresas, en coordinación con el Estado, instalen guarderías en o cerca de las zonas industriales. Según la legisladora, esto permitiría que los trabajadores destinen su salario completo a necesidades básicas como la alimentación, mejorando así su poder adquisitivo.

Rocha Medina enfatizó la importancia de que la ubicación de estos centros sea validada bajo criterios estrictos de Protección Civil. Esto con el fin de evitar riesgos derivados de la actividad fabril colindante y garantizar la seguridad de los menores.

“Al subsidiar o hacer gratuitos estos servicios en zonas industriales, el Estado de San Luis Potosí no solo estará cumpliendo con el derecho humano a la educación inicial, sino que estará implementando una política de combate a la pobreza efectiva, directa y que fortalece la competitividad de nuestras empresas”, manifestó la diputada en su exposición de motivos.

La iniciativa argumenta que uno de los gastos más significativos para las familias trabajadoras es el cuidado infantil. La falta de opciones accesibles y cercanas a los centros laborales no solo afecta la economía familiar, sino que también limita la participación de las mujeres en el mercado laboral y puede incrementar el ausentismo en las empresas.

Según el planteamiento, la inversión en servicios públicos de cuidado para la primera infancia tiene beneficios a corto y largo plazo. A corto plazo, facilita que las madres puedan tener un empleo remunerado fuera del hogar. A largo plazo, contribuye al desarrollo integral de los niños.

La propuesta legislativa también contempla incorporar formalmente el concepto de ‘pobreza laboral’ dentro del marco legal estatal. Este indicador mide el porcentaje de población cuyo ingreso laboral es inferior al valor monetario de una canasta alimentaria básica.