Proponen reservar 30% de licitaciones públicas para MIPYMES potosinas
El diputado Luis Emilio Rosas Montiel presentó una iniciativa para modificar la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de que al menos el 30 por ciento de las...
El diputado Luis Emilio Rosas Montiel presentó una iniciativa para modificar la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de que al menos el 30 por ciento de las licitaciones públicas prioricen a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) locales. La propuesta también incluye dar preferencia a las empresas que cuenten con el distintivo de calidad “Hecho en San Luis Potosí”.
La iniciativa busca establecer un marco legal que obligue al gobierno estatal a dar prioridad en las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios a las MIPYMES potosinas. Según el legislador, esta medida fortalecería la economía local y promovería el consumo de productos y servicios originarios del estado.
Rosas Montiel fundamentó su propuesta en datos de los Censos Económicos 2024, que indican que en San Luis Potosí existen 113,597 unidades económicas, las cuales emplean a 606,745 personas. Esta cifra representa el 21.49% de la población total del estado. De estas unidades, el 95.3% son microempresas.
El diputado argumentó que las MIPYMES constituyen un pilar económico en la entidad, no solo por la cantidad de empleos que generan, sino también por su papel como impulsoras del desarrollo, particularmente en regiones alejadas y menos pobladas. Señaló que resulta indispensable implementar medidas que fortalezcan y expandan su participación en las cadenas de adquisición pública.
La propuesta tiene como objetivo incentivar una mayor contratación pública de estas empresas para contribuir al desarrollo económico tanto de San Luis Potosí como del país. Además, busca fortalecer las marcas locales y fomentar un mercado interno más robusto.
La iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, donde será discutida y evaluada por los legisladores antes de determinar su posible aprobación e implementación.
