Financiamiento a partidos políticos

Segunda parte

1. Financiamiento público.

La Constitución y la legislación electoral vigente establecen que el financiamiento de los partidos políticos, tanto para su administración y operación, así como para los procesos electorales, será público y privado, teniendo prevalencia el financiamiento público.

Por lo que hace al financiamiento público se señala que, del financiamiento total a los partidos políticos destinado al gasto ordinario, se distribuirá el 70 % de manera proporcional entre los partidos políticos con registro nacional, de acuerdo con la votación obtenida en el último proceso electoral realizado, y el 30% restante, de manera igualitaria entre los partidos. Cabe advertir, que el citado procedimiento, es para el gasto ordinario y para las actividades específicas, porque en las franquicias se otorga la misma cantidad para todos los partidos políticos. Y aquí cabe preguntarnos, ¿por qué en esta esfera, que las cantidades asignadas son, pero mucho muy menores, sí se hace de manera igualitaria y en los otros renglones no?

El total del financiamiento anual federal para el año 2026, incluyendo los rubros del sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, actividades específicas y el renglón de las franquicias postal y telegráfica, es de 7´ 663, 224, 433. 00. De esta cantidad, distribuida entre los seis partidos políticos nacionales actualmente con registro en el INE, cada partido político recibe lo siguiente: Morena: 2´ 706, 610, 377. 00; PAN: 1´ 349, 147, 766. 00; PRI: 1´ 024, 274, 767. 00; MC: 1´ 010, 718, 299. 00; PVEM: 869, 403, 004. 00 y PT: 703, 070, 220. 00. Solo por hacer dos comparativos entre el primero y segundo partido, Morena recibe poco más del doble de financiamiento que el PAN, esto es, más de mil trecientos cincuenta millones de pesos; en tanto que la diferencia entre el primero y el último de los partidos en el financiamiento, Morena recibe casi cuatro veces más de financiamiento que el PT; es decir, mil tres millones de pesos más.

Esto es independientemente de lo que reciben de cada uno de los estados y de la Ciudad de México en los que también tienen registro como partidos políticos locales, en las que se aplica la misma técnica que, sumando el monto de todas las entidades federativas, es una cantidad adicional considerable. Además, habría que sumar el financiamiento para campañas políticas, que del monto total que se destina cada tres años para estos procesos electivos, va en una proporción porcentual similar.

Con esta fórmula, como expresa el dicho popular, el o los partidos que logran la mayor votación, lo cual es común en los partidos políticos grandes y, por lo tanto, con mayor presencia y con más tiempo de vida, son los que “se llevan la mayor tajada del pastel”, y si a eso agregamos que, como frecuentemente se dan casos, hay uno que despunta más en la votación dejando por mucho muy atrás al resto de los partidos, pues prácticamente se convierte en el ganador de casi todo, no solo en presencia política, legislativa y de dominio en las decisiones legislativas, y a veces hasta en el partido político en el gobierno, sino además con el mayor monto de la prerrogativa pública, invisibilizando prácticamente de esta manera al resto de los partidos políticos, al dejarlos en la inopia y languidecidos por lo magro que reciben de este financiamiento público para su operación.

En otras palabras, el partido altamente mayoritario, pasa a ser partido dominante en todos los renglones: política, legislativa y financieramente. Además, sin la posibilidad de procurar compensar este desbalanceo financiero y de flacura en que quedan los llamados “partidos políticos chicos” y con más razón los partidos políticos de nuevo registro, por las restricciones al financiamiento privado y las rigurosas condiciones y requisitos que se establecen en la normativa constitucional y legal electoral para este tipo de financiamiento.

Y esto definitivamente también se refleja y pesa mucho en el renglón del financiamiento para las campañas electorales, mostrando un desequilibrio e inequidad en los procesos electivos. De ahí que digamos que se presenta una marcada desigualdad en las campañas electorales entre los partidos políticos y los candidatos al carecer de suficientes recursos financieros. Es por lo que tenemos partidos políticos y candidatos ricos y partidos políticos y candidatos pobres, que no les permite alcanzar a hacer buenas y penetrantes campañas político electorales, dejándole en buena medida el camino abierto a los partidos políticos grandes y a sus candidatos por los abundantes recursos con los que cuentan.

Trayendo a colación un dicho político que se ha hecho popular, y dejando a un lado su etiqueta, bien se podría decir que “partidos políticos pobres; pobres partidos políticos”, y en cuanto a sus candidatos a cargos de elección popular, lo mismo se podría decir que “candidatos políticos pobres, pobres candidatos políticos”.

Por eso mi propuesta va en sentido inverso; esto es, que el 70% se distribuya de manera igualitaria entre los partidos políticos con registro, y el 30% de forma proporcional entre ellos, en base a la votación obtenida. El mismo método de distribución del financiamiento público, se sugiere se aplique en las entidades federativas, para que vaya en el mismo tenor de equidad y justicia.

Por eso, creo que la medida que se propone permitirá brindar y blindar mejores condiciones y oportunidades financieras a los partidos políticos medianos y minoritarios para su crecimiento y mayor competitividad. Considero que este esquema es más equitativo y justo en la distribución de los recursos públicos que la actual formula que prescribe la normativa electoral, con el objeto de seguir caminando en la búsqueda de la calidad de la democracia y del robustecimiento y calidad del sistema pluripartidista, para no dejar “descobijados” a los partidos políticos menores electoralmente hablando. Sobre todo, hoy esto con mayor razón se justifica, por el dominio de un partido político en el Poder Legislativo Federal, ante la propuesta de disminución del financiamiento público a los partidos políticos, que contiene la Iniciativa de Reforma Electoral presentada por el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, aun con la cual, por el lineamiento establecido, el partido político predominante se seguirá llevando la mayor rebanada; esto es, posiblemente más de la mitad del pastel comparado con el partido ubicado en segundo lugar, y mucho más comparado con los otros partidos políticos menores.

Continuar con la misma receta de distribución y ante el posible escenario de la disminución de la prerrogativa pública destinada a los partidos políticos, el mayor beneficiado será el partido en el poder con mayores posibilidades de ingresos y en perjuicio de las otras fuerzas políticas. Lo que se necesita en una verdadera democracia robusta, ya no es la existencia de un solo partido político poderoso, altamente dominante y dominador, y además soberbio e intolerante, sino un sistema de partidos políticos altamente competitivos y una democracia más equilibrada, sólida, saludable, equitativa y justa.

Manuel Cifuentes Vargas. Doctorante en Derecho por la Facultad de Derecho. UNAM. Miembro fundador de Integridad Ciudadana, A. C.