Financiamiento a partidos políticos

Tercera parte

2. Financiamiento privado.

Día con día la sociedad exige que los partidos políticos disminuyan la carga económica que representan para los ciudadanos contribuyentes en torno al gasto público; y considero que tiene razón en buena medida, no solo por el monto que se destina para tal fin, sino porque éste siempre va en permanente crecimiento en base a la fórmula jurídica instituida para su determinación. Actualmente el criterio constitucional y legal establecido, mandata la preponderancia del financiamiento público respecto del privado. Luego entonces, con este esquema el costo monetario de mayor relevancia recae sobre la población contribuyente.

El argumento toral de esta decisión político jurídica, es alejarlos completamente de apoyos que pudieran recibir de dinero legalmente mal habido o de la tentación de inversiones cuantiosas del sector privado en estos entes públicos, ya que se piensa que podrían influir y ser coptados y/o absorbidos por las organizaciones privadas para que en alguna medida los pudieran tener a su servicio, a fin de que atiendan sus intereses propios y no el del interés público. Para decirlo con otras palabras, se pensó en esta receta hace algunos años, para que estos institutos no pierdan su esencia, libertad, autonomía y carácter público.

Sin embargo, es innegable que la política, y en particular la electoral, requiere de recursos económicos para hacerse realidad. Para de este modo contribuir a la cimentación, construcción y cementación de la plena democracia para el bien de México. Una dictadura, una tiranía, no lo requiere tanto, porque todo el aparato electoral y el partido político oficial, los tiene en sus manos y bajo su control; y, aun así, hacen alguna inversión y llevan a cabo procesos electivos, para como dice la voz popular, “taparle el ojo al macho” y simular democracia. Pero en una verdadera democracia, el dinero es indispensable para hacer política y competir electoralmente.

Hoy la sociedad exige la reducción de costos en este rubro; pero es innegable que también el Poder ve que le favorece y le conviene para satisfacer sus intereses políticos por lo que lo hace suyo, de ahí que nos enfrentamos al reto de sí disminuir gastos, pero sin ahogar a los partidos políticos en la pobreza, y menos orillarlos a su extinción de hecho por la falta de los suficientes recursos económicos para su sobrevivencia, pues estos entes son todavía los institutos centrales y vitales para el robustecimiento y tonificación de la democracia.

En tanto exista un sistema plural sólido de partidos políticos, se avanzará en la calidad de la democracia, toda vez que son precisamente estas instituciones políticas los principales vehículos que, por un lado, constitucional y legalmente deben contribuir a la urgente formación de auténticos ciudadanos, no de papel para que sólo sean contados y, por otro, porque permiten que los ciudadanos accedan al poder.

De ahí que estime que, si se ha de disminuir el financiamiento público para estos entes políticos, entonces habría que meditar en la posibilidad de abrir más la puerta para ampliar los límites de financiamiento privado a los partidos políticos para, en sentido figurado, no matarlos por inanición. Esta propuesta se sustenta en el hecho de que los límites de financiamiento privado deben ir de la mano con los topes de gastos de campaña. La diferencia entre el financiamiento público y los topes de gastos de campaña, podría ser el límite de financiamiento privado para campañas electorales. De no ser así, entonces cabría la pregunta, ¿y de dónde van a obtener recursos estas organizaciones políticas para el desarrollo de su trabajo y cumplimiento de su misión legal y político-social?

Para el caso de la operación ordinaria de estos organismos políticos, los límites pueden ser establecidos con base en las necesidades presupuestales reales de los partidos, a efecto de que la diferencia entre el financiamiento público y los gastos presupuestales también sea el límite de financiamiento privado.

Cabe advertir, que lo anterior obviamente es contrario a la actual disposición constitucional y legal que privilegia la preponderancia del financiamiento público respecto del privado, por lo que, en todo caso, debe ser actualizado el actual método de financiamiento por las razones antes expuestas. Y la idea de que deba plasmarse el porcentaje de este tipo de financiamiento, tanto para su operación ordinaria como para las campañas electorales en la normativa constitucional y legal, es con el objeto de dar mayor certidumbre, para no dejarlo a que año tras año y/o proceso tras proceso electivo sea el Consejo General del INE el que a su criterio fije para los dos rubros los montos de aportaciones privadas mediante la emisión de lineamientos, lo cual permitirá, además, con mayor tiempo la planeación y programación presupuestaria estratégica.

Mi sugerencia también va en el sentido de la eliminación de límites legales en las aportaciones de militantes, simpatizantes, precandidatos y candidatos para que éstos sean establecidos libremente por cada instituto político; eso sí, teniendo en cuenta la capacidad económica del aportante.

De esta manera no se desbalancearían las finanzas de los partidos políticos para atender sus necesidades y misión a cumplir; sino por el contrario, ante la inminente disminución del financiamiento público que se vislumbra, se compensaría y balancearía su gasto con la inyección de recursos provenientes de privados; y desde luego, con la innovación de las reglas y fiscalización respectiva, sin ningún costo para el pueblo contribuyente.

Considero que, con ello, se evitará que la población contribuyente siga soportando prácticamente toda la carga financiera que representan los partidos políticos; se ayudará a remediar la opacidad en las aportaciones de personas físicas y morales; se establecerán condiciones para salvar la simulación y promoverá el sendero de la cultura de la transparencia.

Salvo todo aquello que pueda provenir de instituciones públicas, que esto me parece entendible y razonable porque netamente son instituciones de gobierno, así como de dineros ilegales porque los recursos económicos provienen de actividades delictivas, considero que hay que repensar la posibilidad de disminuir el catálogo de los entes actualmente prohibidos para hacer aportaciones, así como algunos requisitos de la tabla fijada para dichas aportaciones, para que vaya en la misma ruta de incrementar el financiamiento privado. Sí hay aportantes de buena fe entre los ciudadanos y entes que, dentro de su óptica y sentimiento político, quieren ver democráticamente bien a su país. Sí los hay con esta buena intención, pero la normativa electoral vigente no les permite hacerlo con mayor libertad, facilidad y cantidad.

Considero que no por dar un mayor respiro en este sentido a los candidatos y a los partidos políticos, estas organizaciones pierdan su esencia, razón y calidad de instituciones públicas y su misión eminentemente política. Creo que esto ayudaría a los partidos a no verse tan desfavorecidos, debilitados y enflaquecidos financieramente para el pleno trabajo, objeto y misión, ante la inminente reducción del financiamiento público a los partidos políticos que se está proponiendo con la iniciativa de reforma electoral que se ha presentado en el Poder Legislativo.

13 – marzo – 2026

Manuel Cifuentes Vargas, Doctorante en Derecho por la Facultad de Derecho. UNAM. Miembro fundador de Integridad Ciudadana, A. C.