Iniciativa en San Luis Potosí busca prohibir el lucro y fortalecer requisitos en procesos de adopción

La diputada Diana Ruelas Gaitán presentó una iniciativa de reforma al Código Familiar del estado de San Luis Potosí con el objetivo de fortalecer el marco jurídico en materia de adopción. La propuesta plantea tres ejes principales: robustecer los requisitos de idoneidad para adoptar, otorgar mayor certeza jurídica a los procedimientos y prohibir expresamente cualquier forma de beneficio económico o intermediación indebida.

La iniciativa busca precisar quiénes pueden ser sujetos de adopción, incluyendo a niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad que carezcan de quien ejerza la patria potestad, que hayan sido abandonados, que se encuentren acogidos en Centros de Asistencia Social o bajo tutela del Estado, o que, aún teniendo patria potestad, cuenten con un consentimiento expreso otorgado ante autoridad competente y ratificado judicialmente. Esta clarificación normativa pretende evitar interpretaciones dispersas que dificultaban determinar la situación jurídica de la persona susceptible de adopción.

Entre los derechos reconocidos expresamente en la reforma se encuentran el derecho a llevar los apellidos del o los adoptantes, el derecho a disfrutar de los mismos derechos y obligaciones que existen en el parentesco por consanguinidad, y el derecho a recibir atención psicológica y médica durante el proceso. Además, se establece el derecho de las personas menores de edad a ser informadas, conforme a su edad y grado de madurez, sobre las consecuencias y alcances de la adopción.

La iniciativa incorpora nuevos impedimentos para adoptar. Uno de ellos es contar con una sentencia condenatoria firme por violencia familiar o por delitos contra las mujeres por razón de género, contra la libertad sexual, la seguridad sexual o el normal desarrollo psicosexual. Otro impedimento es encontrarse inscrito en el padrón de personas deudoras alimentarias morosas, salvo que se acredite el pago total de los adeudos.

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es la prohibición expresa de obtener beneficios económicos, materiales o de cualquier índole por parte de familiares de origen, particulares, instituciones públicas o privadas, o autoridades involucradas en el procedimiento. El texto subraya que la adopción no puede convertirse en un mecanismo de intermediación lucrativa.

La iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión Segunda de Justicia del Congreso del estado de San Luis Potosí.