Proponen nueva ley para modernizar mecanismos alternativos de solución de controversias en San Luis Potosí

El Congreso del Estado de San Luis Potosí analiza una iniciativa para expedir una nueva Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y reformar diversas legislaciones estatales, con el objetivo de armonizarlas con la normativa federal vigente. La propuesta fue presentada por el diputado Carlos Arreola Mallol.

La iniciativa busca abrogar la actual Ley de Mediación y Conciliación, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 15 de abril de 2014. Según el planteamiento, esta legislación vigente otorga un mayor énfasis a los mecanismos de mediación y conciliación, pero no regula integralmente la negociación y la negociación colaborativa. Tampoco desarrolla un régimen moderno de arbitraje, ni incorpora suficientemente la operación digital o un sistema de convenios con interoperabilidad.

El proyecto legislativo propone expedir la nueva Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado de San Luis Potosí. Además, plantea reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, a la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado y a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios.

La iniciativa señala que durante 2025, San Luis Potosí consolidó una reconfiguración del Poder Judicial mediante la expedición de una nueva Ley Orgánica. Esta reforma creó el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, y reconoció al Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y de Promoción de Cultura de Paz como un órgano auxiliar desconcentrado adscrito al Órgano de Administración Judicial.

Según el documento presentado, esta nueva arquitectura institucional exige que la ley estatal use definiciones actualizadas y distribuya correctamente las atribuciones en materia de administración, certificación, vigilancia y disciplina. La propuesta adopta buenas prácticas de armonización utilizadas por otras entidades federativas para delimitar con claridad la materia penal, prever reglas robustas para el sistema de convenios y establecer un régimen específico para mecanismos en materia administrativa.

La iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión Segunda de Justicia del Congreso local, donde se evaluarán sus alcances y posibles implicaciones para el sistema estatal de justicia.