Comisión de Gobernación del Congreso de SLP aprueba reforma para armonizar Ley de Juicio Político con la federal
La Comisión de Gobernación del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó por unanimidad un dictamen que reforma el artículo 7 de la Ley de Juicio Político estatal. La iniciativa, presentada por...
La Comisión de Gobernación del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó por unanimidad un dictamen que reforma el artículo 7 de la Ley de Juicio Político estatal. La iniciativa, presentada por el diputado Carlos Arreola Mallol, busca alinear la legislación local con la reforma federal al artículo 110 constitucional, realizada en 2024.
La diputada María Leticia Vázquez Hernández, quien fungió como dictaminadora, informó que la reforma federal incorporó nuevas figuras del Poder Judicial como sujetos de responsabilidad política. Durante el análisis, se detectó un vacío normativo en la ley estatal al no incluir a los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y del órgano de administración judicial.
El dictamen argumenta que esta omisión podría afectar principios como la supremacía constitucional, la seguridad jurídica y el sistema de responsabilidades públicas. Vázquez Hernández explicó que la actualización incluye expresamente a las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y a los miembros del órgano de administración judicial en el catálogo de sujetos susceptibles de juicio político.
Además, se realizaron ajustes de técnica legislativa relacionados con lenguaje incluyente y precisión orgánica. La reforma mantiene a los sujetos ya previstos, como el gobernador, diputados locales, magistrados, diversos fiscales y presidentes municipales.
La comisión concluyó que la iniciativa constituye una armonización normativa y no una ampliación indebida. Según el dictamen, fortalece el sistema de control político al evitar zonas de impunidad, garantiza la rendición de cuentas de nuevas autoridades judiciales y respeta el principio de equilibrio entre poderes.
El dictamen será sometido a consideración del Pleno del Congreso para su análisis y votación correspondiente, paso final para su eventual entrada en vigor.
