“Plan B: la búsqueda de la austeridad o control disfrazado”

La propuesta del llamado plan B impulsada por Claudia Sheinbaum no solo es jurídicamente cuestionable, sino que además está planteada de forma que facilita su aceptación pública sin un análisis real de sus consecuencias

Bajo el discurso de la austeridad, se están introduciendo cambios que no se limitan a reducir gastos, sino que inciden en la forma en que los Estados y municipios pueden organizarse, lo que representa una presión directa sobre el modelo federal establecido en la Constitución.

El problema no es la austeridad, nadie defiende los excesos, el problema es que se utilice como argumento para justificar decisiones que afectan el equilibrio entre el federalismo y las entidades federativas.

Para el Gobierno federal, le es fácil hablar de los municipios sin conocerlos realmente. Decir que todos los municipios sólo pueden tener un síndico, muestra el poco entendimiento que tienen del municipalismo quienes apoyan esta propuesta.

Los municipios son complejos: son el primer contacto con la ciudadanía, administran la Hacienda Pública y protegen los bienes locales. No todos son iguales; hay municipios como Monterrey con un alto nivel de industrialización, Tlanepantla con su aportación del 1.3 % al PIB nacional o Ecatepec con su población de 1,645,352 habitantes que, por su tamaño, población y recursos, requieren más de un síndico para funcionar correctamente.

Imponer límites uniformes sin considerar estas diferencias no sólo simplifica la realidad, sino que amenaza la autonomía y eficiencia de los gobiernos locales.

Lo mismo ocurre con las entidades federativas. No es lo mismo un Estado grande y complejo como el de México con su más de 17 millones de habitantes, o Nuevo León con su alto nivel industrial o Jalisco con su nivel de vida, que estados más pequeños como Tlaxcala, Colima y Nayarit. Cada uno tiene un número de representantes, un presupuesto ajustado a sus necesidades específicas.

Establecer restricciones iguales para todos desde la Federación, bajo el argumento de austeridad, ignora esta diversidad y puede resultar contraproducente; lo que se pretende ahorrar podría terminar costando mucho más; debido a la ineficiencia en la administración y en la vigilancia de los recursos y procesos dentro de cada entidad federativa.

Una verdadera política de austeridad debería respetar la autonomía y particulares de cada estado, y no poner reglas rígidas que sólo generan problemas de funcionamiento y coordinación.

Seamos sinceros; muchos senadores que respaldan de manera unánime esta iniciativa lo hacen porque no arriesgan nada y mantienen el poder a nivel federal, tanto para sus partidos como para quienes actualmente lo ejercen.

No debemos olvidar que estos mismos senadores fueron los que rechazaron la propuesta de la Presidenta de prohibir la reelección y las elecciones de los miembros cercanos al poder a partir del 2027, más lo modificaron estableciendo que la entrada en vigor fuera a partir del 2030, lo que les permite proteger sus intereses y concretar proyectos personales.

Esto pone en evidencia que la aprobación del Plan B no responde únicamente a un interés público legítimo, sino también a lógicas de conveniencia política que afectan la transparencia y el equilibrio del poder dentro del sistema federal.

Además, existe la percepción de que el movimiento de regeneración nacional busca centralizar el poder sólo para establecer líneas de acción que le permitan transformar la nación conforme a su propio diario político No conforme a lo que todos los mexicanos queremos.

Han dejado claro que, en su visión, los “enemigos” son el sector productivo, la meritocracia y quienes se esfuerzan diariamente, mientras que los desprotegidos son aquellos que dependen de subsidios y programas sociales. Esto no significa negar la utilidad de programas legítimos, como los dirigidos a los adultos mayores, que realmente apoyan a quienes lo necesitan.

Sin embargo, la aplicación indiscriminada de estos programas genera un problema; al convertirse en generalizados y desvinculados de criterios claros de necesidad; afectan la Hacienda Pública Federal y distorsionan la asignación de recursos. Por ejemplo, actualmente se entrega apoyo a todos los mayores 65 años, sin importar su nivel de ingresos, lo que genera ineficiencia y gastos innecesarios, desviando recursos de quienes realmente dependen de ellos.

Eso indica claramente que la austeridad parece aplicarse principalmente a las entidades federativas, a los organismos autónomos y a quienes no están alineados con la 4 T, mientras quienes sí lo están, mantienen privilegios.

Ya no se puede negar lo evidente: todos hemos visto como algunos legisladores priorizan viajes en primera clase o intercambian el recinto de San Lázaro por la Casa de los famosos, sin que les importe realmente la situación del país. Lo que buscan es conservar el poder y construir líneas discursivas que poco tienen que ver con la realidad, para para lograr sus objetivos políticos.

Y mientras tanto, aplican lo que dice el dicho; al pueblo, pan y circo…

Javier Agustín Contreras Rosales. Colaborador de Integridad Ciudadana AC, Contador Público, Especialista en Instituciones Administrativas de Finanzas Publicas, Maestro en Administración Pública @JavierAgustinCo @Integridad_AC