Proponen exentar pago de arrastre y pensión a víctimas de robo de vehículos en San Luis Potosí

Una iniciativa presentada en el Congreso del Estado de San Luis Potosí busca modificar la Ley de Tránsito local para liberar a las víctimas de robo de vehículos del pago por los servicios de arrastre y almacenamiento (pensión) cuando sus unidades sean recuperadas por las autoridades. La propuesta, impulsada por la diputada Gabriela Martínez Vázquez, argumenta que estos cobros representan una carga económica injusta y una forma de revictimización para quienes ya han sufrido un delito patrimonial.

La iniciativa plantea una adición al artículo 61 de la Ley de Tránsito del Estado. Su objetivo es establecer que, una vez interpuesta la denuncia por robo de vehículo o robo equiparado, el propietario quede exento del pago por el traslado y custodia temporal del automóvil recuperado. El fundamento radica en el principio de no imputabilidad, ya que el aseguramiento del vehículo responde a la investigación de un delito cometido por un tercero, no a una infracción administrativa del dueño.

El texto legislativo señala que el robo de vehículos es una de las manifestaciones delictivas con mayor impacto patrimonial y social en San Luis Potosí. Cuando una unidad robada es localizada por corporaciones policiales o mediante investigaciones ministeriales, el protocolo actual implica su aseguramiento, traslado a un depósito oficial (corralón) y custodia provisional mientras se realizan las diligencias penales correspondientes.

Este procedimiento tiene como finalidad preservar la integridad del vehículo como posible evidencia, evitar su alteración y garantizar su disponibilidad para el proceso penal. Sin embargo, la iniciativa subraya que trasladar el costo económico de este resguardo a la víctima constituye una afectación desproporcionada a su derecho de propiedad y una ‘revictimización institucional’, al imponerle una consecuencia patrimonial adicional derivada del ilícito que sufrió.

Además, la propuesta advierte sobre los retos operativos que genera la saturación en los depósitos vehiculares. Estos espacios suelen albergar simultáneamente unidades aseguradas por infracciones administrativas y otras vinculadas a investigaciones penales, lo que puede provocar riesgos de deterioro, pérdida de piezas o depreciación acelerada de los vehículos. Una custodia prolongada también podría incidir en la responsabilidad patrimonial del Estado si no se garantiza la conservación adecuada del bien durante el tiempo bajo resguardo oficial.

La iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso potosino, donde se evaluará su viabilidad jurídica y presupuestal antes de someterla a votación.