Congreso de San Luis Potosí exhorta a IMSS-Bienestar para garantizar reembolsos por gastos médicos privados

El Pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó un Punto de Acuerdo para exhortar al titular de la Coordinación Estatal del organismo IMSS-Bienestar a implementar acciones que aseguren el reembolso de gastos médicos a personas sin acceso a seguridad social. La medida busca beneficiar a quienes, ante la falta de atención o desabasto de medicamentos en unidades médicas del IMSS-Bienestar o sus convenios, se ven obligadas a recurrir a servicios privados para salvaguardar su salud.

La propuesta, impulsada por la diputada Frinné Azuara Yarzábal, incluye la devolución de gastos por consultas, estudios, medicamentos y hospitalización. El exhorto está dirigido específicamente al Organismo Público Descentralizado IMSS-Bienestar en la entidad, solicitando que establezca las estrategias necesarias para este fin.

En el documento aprobado se señala que el acceso a medicamentos es un tema de gran complejidad que involucra múltiples actores y factores. Se menciona que en México esta complejidad se ha manifestado en problemas de desabasto, afectando especialmente a medicamentos esenciales como los psiquiátricos. Las causas del desabasto y las dificultades en el acceso son descritas como diversas y profundas.

Entre los factores mencionados se encuentran la evolución de las políticas de compra pública, las limitaciones en la cobertura universal de salud, los desafíos legales para la defensa del derecho a la salud y los riesgos inherentes a las contrataciones públicas. El Punto de Acuerdo argumenta que estos elementos desempeñan un papel crucial en la configuración de esta problemática.

El texto hace referencia específica a que, desde la creación del IMSS-Bienestar como organismo público descentralizado de la federación, se ha presentado el problema del desabasto de medicamentos, particularmente para tratamientos de enfermedades crónicas. Esta situación, según el documento, ocasiona que las personas afectadas eroguen gastos de sus propios recursos para adquirir medicinas, muchos de ellos con economías precarias.

Finalmente, el acuerdo legislativo sostiene que esta situación representa una inobservancia a lo previsto en el artículo 4º constitucional respecto al derecho humano a la salud. El exhorto busca establecer un mecanismo que mitigue el impacto económico en las familias de escasos recursos que deben enfrentar gastos médicos no previstos ante las carencias del sistema público.