Congreso de San Luis Potosí aprueba reforma para combatir fraude con billetes falsos

El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó una reforma legal que busca fortalecer las políticas públicas para ayudar a empresas y comercios a detectar y prevenir fraudes monetarios. La medida responde al aumento en la sofisticación de billetes falsificados que circulan en la entidad.

El decreto, aprobado en Sesión Ordinaria del Pleno, modifica disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y de la Ley para el Desarrollo Económico Sustentable y la Competitividad. La iniciativa fue propuesta por el diputado Roberto García Castillo.

La reforma otorga nuevas facultades a la Secretaría de Desarrollo Económico del estado. Su objetivo es desarrollar políticas públicas que brinden herramientas a los sectores productivos para enfrentar nuevas modalidades de fraude monetario derivadas de la circulación de billetes y monedas presuntamente falsos, con el fin de evitar afectaciones económicas directas.

La acción legislativa se justifica por los avances tecnológicos que han permitido perfeccionar la falsificación de billetes. Entre las técnicas detectadas se encuentran la colocación de hologramas cada vez más parecidos a los auténticos, texturas engañosas, resinas y tintas térmicas que dificultan su detección.

Con las modificaciones, la Secretaría de Desarrollo Económico tendrá la facultad de desarrollar, en coordinación con autoridades federales, municipales, instituciones financieras y cámaras empresariales, acciones de capacitación y orientación dirigidas específicamente a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).

Estas acciones buscan fortalecer la seguridad comercial y reducir riesgos económicos, e incluirán campañas informativas para la identificación básica de billetes y monedas presuntamente falsos. La estrategia se centra en la prevención, capacitación y seguimiento técnico en torno a esta problemática.

Según se indica en los considerandos, esta reforma no solo reconoce la gravedad y evolución del fenómeno de la falsificación, sino que plantea una respuesta institucional sólida, permanente y respetuosa del marco constitucional.

Los cambios legales específicos consisten en una adición a una fracción del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, y una reforma al artículo 64 de la Ley para el Desarrollo Económico Sustentable y la Competitividad del Estado.