Congreso de un estado mexicano avanza en la designación del ente para consulta a pueblos indígenas ordenada por la SCJN

El Poder Legislativo de un estado de la República Mexicana realizó una reunión interinstitucional para definir la instancia responsable de llevar a cabo una consulta dirigida a pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y personas con discapacidad. Este proceso responde a un mandato específico emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El diputado Héctor Serrano Cortés, secretario de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), informó sobre el desarrollo de esta reunión. En ella participaron representantes de diversos poderes y organismos estatales, incluyendo al Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado y a la Subsecretaría de Enlace Interinstitucional, además de legisladores locales.

Entre los asistentes destacaron Bernarda Reyes Hernández, directora general del Instituto de Desarrollo Indígena; la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Anahí Zarazúa Martínez; y la magistrada María del Rocío Hernández Cruz. También estuvieron presentes la subsecretaria Ana Sofía Aguilar Rodríguez, así como los diputados Sara Rocha Medina, Roberto García Castillo y Brisseire Sánchez López, presidenta de la Comisión de Asuntos de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamericanas.

El legislador Serrano Cortés señaló que el Congreso estatal cuenta con un plazo establecido para presentar una respuesta a la SCJN. “Estamos en tiempo, el plazo que tenemos es para el próximo nueve de abril, de entregarle la respuesta a la Suprema Corte sobre qué es lo que vamos a hacer”, afirmó el diputado. Aclaró que esta fecha se refiere a la presentación de la propuesta metodológica y no al término del proceso de consulta en sí mismo.

El objetivo principal, según lo expuesto, es cumplir cabalmente con el ordenamiento legal emitido por el máximo tribunal del país. El diputado enfatizó que la prioridad en el diseño del procedimiento es lograr los resultados esperados con la menor erogación posible de recursos públicos. Esto implica garantizar no solo la validez jurídica del proceso, sino también su efectividad para recabar la opinión de los sectores involucrados sobre los ordenamientos legales que deben ser sometidos a su consideración.

El proceso busca establecer un mecanismo que permita a las comunidades indígenas, afromexicanas y a las personas con discapacidad emitir su opinión respecto a normas o acciones que les afecten directamente, en cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales en materia de consulta previa, libre e informada.