Senadora Ruth González propone reforma para proteger a denunciantes de corrupción en México

La senadora Ruth González Silva presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el objetivo de establecer garantías de protección para las personas que denuncien actos de corrupción o participen como testigos en procedimientos por faltas administrativas graves.

En su exposición en tribuna, la legisladora por San Luis Potosí argumentó que el principal propósito es fortalecer el marco jurídico para asegurar que quienes denuncien o testifiquen cuenten con medidas efectivas, proporcionales y oportunas. Estas medidas buscarían salvaguardar su integridad física, estabilidad laboral y derechos fundamentales. “Denunciar corrupción no debe costar el empleo”, afirmó González Silva.

La iniciativa surge ante lo que la senadora identifica como una baja proporción de denuncias, situación que atribuye a la desconfianza y el temor entre los posibles denunciantes. Según su planteamiento, cuando denunciar se percibe como una acción riesgosa, se debilita directamente el combate a la corrupción en el país.

El proyecto de reforma contempla que las medidas de protección sean determinadas en función del nivel de riesgo que enfrente el denunciante o testigo. Estas se aplicarían bajo principios de confidencialidad, respeto a la dignidad y debida diligencia. La propuesta incluso prevé la posibilidad de extender dichas medidas a familiares del denunciante cuando exista un peligro identificado hacia ellos.

Un aspecto central de la iniciativa es la tipificación como falta administrativa grave de cualquier acto de represalia contra quienes presenten denuncias. Esto incluiría despidos injustificados, hostigamiento laboral, amenazas o cualquier forma de intimidación dirigida a silenciar al denunciante.

Además, González Silva planteó que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) tenga la obligación de difundir ampliamente los mecanismos de protección existentes para los denunciantes. El fin de esta disposición es incentivar la presentación de reportes al generar mayor conocimiento y confianza en los procedimientos.

La senadora afirmó que, en conjunto, estas modificaciones buscan fortalecer la capacidad del Estado mexicano para detectar y sancionar actos indebidos. La lógica subyacente es que al generar condiciones seguras para quienes deciden colaborar con las autoridades, se mejora la eficacia en el combate a la corrupción.