Nepotismo malo vs nepotismo bueno
El debate actual sobre el nepotismo en la política mexicana revela una tensión central: la aparente selectividad con la que se condena esta práctica, lo que pone en entredicho su combate real y la...
El debate actual sobre el nepotismo en la política mexicana revela una tensión central: la aparente selectividad con la que se condena esta práctica, lo que pone en entredicho su combate real y la congruencia del discurso gubernamental. Aunque desde la presidencia de la República se ha planteado la necesidad de erradicar el nepotismo, especialmente en la elección de cargos de elección popular, los hechos recientes muestran que esta postura enfrenta resistencias que pueden derivar en conflictos internos y cuestionamientos al liderazgo.
Un ejemplo ilustrativo es lo que ocurre en San Luis Potosí, donde el Partido Verde parece desatender la directriz presidencial de evitar la postulación de familiares. En este contexto, Ruth González Silva —senadora del PVEM y esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona— ha manifestado su intención de contender por la gubernatura. Esta aspiración contrasta con la postura de la dirigencia de Morena, encabezada por Luisa María Alcalde, quien ha señalado que dicha candidatura no será respaldada. Este caso no solo evidencia tensiones entre aliados políticos, sino también los límites del control presidencial sobre su coalición.
Asimismo, en Zacatecas se presenta una situación similar. Saúl Monreal, hermano del actual gobernador David Monreal y del coordinador de diputados de Morena, Ricardo Monreal, ha mencionado en retitaradas ocasión su interés de ser candidato a la gubernatura en su estado. Ante ello, la presidenta ha expresado su desacuerdo e incluso ha sugerido que espere, lo que refuerza la idea de que ciertos casos son considerados como ejemplos de “nepotismo indebido”.
Sin embargo, esta distinción plantea una pregunta fundamental: ¿qué tipo de nepotismo se tolera y cuál debe ser sancionado? Existen diversos casos dentro del propio movimiento gobernante que parecen contradecir el discurso oficial. Por ejemplo, las hermanas Luisa María Alcalde y Bertha Alcalde ocupan posiciones relevantes de poder: la primera es presidenta del partido en el gobierno y la segunda se desempeña como fiscal de la Ciudad de México.
Su papá participó en el proyecto de reforma laboral impulsado por AMLO; su mamá formó parte del consejo de Morena; y sus primos también ocupan cargos en la administración pública: Tania Tiscareño en el DIF, Fernando Tiscareño en el Secretariado Ejecutivo del SNSP, Alejandro Tiscareño en el INFONAVIT y Karina Luján en el SIC.
De igual forma, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el ISSSTE, los hermanos Lenia y Martí Batres ocupan cargos de alto nivel. Si bien en este caso de podría decir que el nombramiento de Lenia responde a procesos formales —como la elección por voto popular—, no puede soslayarse el peso que han tenido las redes políticas y familiares en su posicionamiento inicial.
Incluso dentro de la estructura partidista, la presencia de Andrés Manuel López Beltrán como secretario de organización de Morena refuerza esta percepción. Su relevancia política no puede desvincularse completamente de su relación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo que vuelve más complejo el discurso contra el nepotismo.
En este contexto, la lucha contra el nepotismo debería plantearse como un principio general y no como una herramienta selectiva. Si se condena un tipo de nepotismo, deben condenarse todos, independientemente del actor político involucrado. De lo contrario, la medida se percibe más como un mecanismo de control político que como un compromiso genuino con la ética pública.
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado acertadamente que la lucha contra el nepotismo es para evitar abusos de poder, esta postura exige coherencia en su aplicación. El nepotismo no solo es problemático porque concentra el poder en unos cuantos, sino también porque propicia complicidades, genera conflictos de interés y debilita la rendición de cuentas. Por ello, su erradicación debe ser integral, consistente y ajena a cálculos políticos. Solo bajo estos criterios podrá sostenerse como una verdadera bandera de transformación y no como una narrativa selectiva.
Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A.C. @ivarrcor @integridad_AC
