Congreso de San Luis Potosí aprueba reforma para sancionar violencia contra derechos reproductivos

El pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó una reforma legal que reconoce y sanciona la violencia contra los derechos reproductivos de las mujeres. La modificación, impulsada por las Comisiones Primera de Justicia, Salud y Asistencia Social y de Derechos Humanos, busca eliminar barreras en el acceso a servicios médicos, incluida la interrupción legal del embarazo en los casos permitidos por la ley.

La reforma actualiza los artículos 4º y 37 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para definir formalmente el concepto de ‘Violencia contra los Derechos Reproductivos’. Según la diputada María Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la Comisión Primera de Justicia, esta se define como toda acción u omisión que limite el derecho a la información, educación, y a decidir libremente sobre la función reproductiva, incluyendo el número y espaciamiento de los hijos.

La legislación garantiza explícitamente el acceso a métodos anticonceptivos elegidos, a una maternidad segura, a servicios de atención prenatal y a servicios obstétricos de emergencia. Además, establece que la Interrupción Legal y Voluntaria del Embarazo se considerará en casos específicos: violación, estupro, inseminación artificial indebida e implantación de un óvulo fecundado sin el consentimiento expreso de la paciente.

La iniciativa, presentada originalmente por un grupo de ciudadanas, argumentó que era necesaria debido a las barreras significativas que enfrentaban las mujeres para acceder a servicios seguros, lo que ponía en riesgo su salud y perpetuaba la violencia institucional. La exposición de motivos señala que la reforma busca garantizar el ejercicio pleno de los derechos reproductivos, reforzar la toma de decisiones informadas y autónomas, y promover la salud y seguridad de las mujeres.

Con esta aprobación, el Congreso potosino busca coadyuvar en la prevención de la Violencia Institucional, al considerar que la exclusión de estos derechos puede interpretarse como una forma de violencia que limita a las mujeres y perpetúa la desigualdad. La medida fortalece el marco legal estatal en materia de protección a la salud, autonomía y bienestar femenino.