Iniciativa en San Luis Potosí busca penalizar el abandono de mujeres embarazadas con hasta cinco años de prisión

La diputada local Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de tipificar como delito el abandono de mujeres embarazadas. La propuesta plantea sanciones que van de uno a cinco años de prisión y multas económicas para quienes, teniendo una responsabilidad directa en la situación, abandonen a una mujer en estado de gestación.

El artículo 204 TER, propuesto en la iniciativa, establece que la pena aplicará cuando el abandono coloque a la mujer en una situación de vulnerabilidad que comprometa su integridad personal, dignidad, seguridad o sus condiciones mínimas de cuidado y asistencia. La multa sería de 150 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento del hecho.

La legislación contempla agravantes específicos. Si como consecuencia del abandono se producen lesiones a la mujer embarazada o se pone en peligro su salud o la del producto de la concepción, las penas se incrementarían hasta en una tercera parte en su máximo. En caso de que el abandono y las lesiones resulten en la muerte de la mujer o del producto, las sanciones se incrementarían hasta en una mitad en su mínimo y máximo.

Durante la exposición de motivos, la diputada Gabriela Martínez argumentó que el abandono de mujeres embarazadas es una práctica persistente que ha sido tolerada e incluso normalizada socialmente al no estar plenamente visibilizada ni sancionada. Señaló que esta omisión coloca a numerosas mujeres en un estado de profunda vulnerabilidad física, emocional y económica.

Martínez Vázquez calificó esta conducta no como una simple irresponsabilidad individual, sino como una manifestación de estructuras de desigualdad más profundas y una forma de violencia estructural de género. Subrayó que reproduce esquemas históricos donde las mujeres enfrentan solas las consecuencias de decisiones que corresponden a dos personas.

La iniciativa, que busca garantizar protección, dignidad y condiciones mínimas de cuidado durante el embarazo, fue turnada a las comisiones legislativas correspondientes del Congreso de San Luis Potosí para su análisis y posterior dictamen.