Proponen en San Luis Potosí que conductores ebrios paguen pensión alimenticia a hijos de víctimas de accidentes

La diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó una iniciativa para reformar el Código Penal y el Código Familiar del estado de San Luis Potosí. La propuesta busca que las personas responsables de homicidio o lesiones culposas en accidentes viales, cuando conduzcan bajo los efectos del alcohol o sustancias, asuman la obligación de otorgar pensión alimenticia a los hijos menores de edad de las víctimas.

La iniciativa se fundamenta en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que señalan a los accidentes de tránsito como una de las principales causas de muerte en México, especialmente entre la población joven. Una proporción significativa de estos siniestros está relacionada con el consumo de alcohol.

A nivel nacional, miles de personas fallecen anualmente en hechos viales, muchos de los cuales involucran a conductores en estado de ebriedad. En el ámbito estatal, aunque las cifras fluctúan, la tendencia indica que el problema persiste y requiere medidas más firmes con un enfoque humano, según expone la propuesta legislativa.

Además del costo en vidas humanas, los accidentes generan consecuencias económicas y sociales que impactan directamente a las familias. Cuando una persona fallece o queda incapacitada, se pierde no solo una vida, sino también una fuente de ingreso, cuidado y acompañamiento. En muchos casos, las víctimas dejan hijos menores que dependían completamente de ellos, enfrentando cambios drásticos y dificultades económicas y emocionales.

El marco legal actual contempla sanciones como penas privativas de la libertad o multas para quienes cometen homicidio o lesiones culposas en el tránsito vehicular. Sin embargo, la iniciativa argumenta que estas medidas dejan en segundo plano la atención directa a las víctimas indirectas, como los hijos menores.

Garantizar recursos para la subsistencia de estos menores se plantea no solo como una medida legal, sino como un acto de justicia y responsabilidad social. La propuesta incluye ajustes en el Código Familiar para dar coherencia a esta nueva obligación. Se establece que la carga no tendrá carácter recíproco; es decir, la persona obligada a proporcionar alimentos en estos casos no podrá posteriormente exigirlos. Tampoco sustituye ni limita las responsabilidades que puedan tener otros familiares conforme a la ley.

La iniciativa fue turnada para su análisis a las comisiones Primera y Segunda de Justicia del Congreso de San Luis Potosí.