Fiscalía de San Luis Potosí alerta sobre incremento de fraudes laborales mediante ofertas falsas en redes sociales

La Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí ha emitido una alerta ante el aumento de casos de fraude laboral en la entidad, una modalidad delictiva que explota la necesidad de empleo para sustraer información personal de las víctimas. La titular de la dependencia, Manuela García Cázares, confirmó que actualmente se encuentran en investigación alrededor de diez carpetas por este delito, concentradas principalmente en la capital del estado.

Según las indagatorias en curso, los grupos responsables operan a través de publicaciones en redes sociales y diversas plataformas digitales. En estas publicaciones ofertan supuestas vacantes laborales atractivas, en ocasiones con ubicaciones fuera del estado, con el objetivo de captar a personas en búsqueda de empleo. El modus operandi consiste en solicitar documentos personales, datos sensibles y contactos bajo el pretexto de avanzar en un proceso de reclutamiento formal.

Una vez que los estafadores obtienen la información personal, cortan toda comunicación con las víctimas, dejándolas sin respuesta y expuestas al riesgo de que sus datos sean utilizados para la comisión de otros ilícitos. Las autoridades han señalado que, hasta el momento, no se han registrado encuentros presenciales ni agresiones físicas derivadas directamente de estos casos. Sin embargo, el peligro principal radica en el uso posterior que se le pueda dar a la información sustraída.

La Fiscalía estatal ha subrayado que este tipo de fraude puede tener consecuencias graves, como suplantación de identidad o afectaciones económicas para las personas afectadas. Por ello, hizo un llamado a la población a extremar precauciones durante la búsqueda de empleo. Entre las recomendaciones oficiales destacan verificar minuciosamente la autenticidad de las empresas que publican las vacantes, desconfiar de ofertas con condiciones excesivamente favorables o poco realistas, y evitar compartir documentos oficiales o datos bancarios sin antes corroborar la legitimidad del proceso de contratación.