Proponen endurecer penas por acoso sexual en el Código Penal de San Luis Potosí

El Congreso de San Luis Potosí analiza una iniciativa para reformar el Código Penal del estado, con el objetivo de actualizar y endurecer las sanciones por el delito de acoso sexual. La propuesta, presentada por la diputada Diana Ruelas Gaitán, busca cerrar vacíos legales, ampliar la definición del delito y aumentar las penas, especialmente en casos donde existan víctimas vulnerables o servidores públicos involucrados.

La iniciativa define como acoso sexual los actos ejecutados en ejercicio abusivo de poder o sin relación de subordinación, que generen para la víctima un estado de intimidación, indefensión, riesgo u hostilidad. También incluye la demanda de actos de naturaleza sexual con fines lascivos, atentando contra la libertad y dignidad sexual de la persona, ya sea que la conducta ocurra en uno o varios eventos.

Actualmente, el delito de acoso sexual en San Luis Potosí tiene una penalidad de uno a tres años de prisión y multa de 100 a 300 días del valor de la unidad de medida y actualización. La reforma propone incrementar esta sanción a un rango de tres a cinco años de prisión y multa de 300 a 500 días, cuando la víctima sea menor de edad, persona adulta mayor, persona con discapacidad o se encuentre en situación de especial vulnerabilidad.

El aumento también aplicaría cuando se utilicen datos personales sensibles, obtenidos o difundidos dolosamente, para facilitar la aproximación a la víctima; o cuando se incumplan medidas de protección, órdenes de restricción o cualquier disposición dictada por autoridad competente para salvaguardar a la persona afectada.

Un aspecto destacado de la propuesta es el tratamiento específico para servidores públicos o docentes. Si el acosador se vale de medios o circunstancias que su cargo le proporciona, además de la pena señalada, se le destituirá del cargo y se le impondrá inhabilitación para ejercer cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público por un periodo igual al de la pena de prisión impuesta.

Para casos de reincidencia en cualquiera de los supuestos anteriores, se propone imponer una pena de prisión de tres a siete años. La diputada proponente argumenta que esta modificación representa un paso hacia una sociedad más justa e igualitaria, donde las conductas que atentan contra la libertad y dignidad no sean toleradas ni normalizadas.

La iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión Primera de Justicia del Congreso local, donde se evaluará su contenido antes de posibles discusiones y votaciones en el pleno.