Congreso de San Luis Potosí Declara Vacante en Fiscalía Anticorrupción y Aprueba Reformas en Materia de Derechos

La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí declaró, por unanimidad, la vacante en la titularidad de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción. La decisión se tomó ante la renuncia presentada por el fiscal Felipe Aurelio Torres Zúñiga, con efectos a partir del 31 de marzo de 2026.

El dictamen, presentado por la Comisión Primera de Justicia, fue aprobado en Sesión Ordinaria. El Congreso notificó al Gobernador del estado sobre la vacante declarada, estableciendo un plazo de 30 días naturales, contados a partir de la publicación del decreto, para que el Ejecutivo envíe una terna de candidatos. De esta terna, el Congreso elegirá al nuevo titular, quien ocupará el cargo desde su elección hasta el 5 de mayo de 2028.

En la misma sesión, el pleno aprobó por unanimidad una serie de reformas legislativas. Una de ellas modifica la Ley de las Personas Adultas Mayores para el Estado, incorporando los principios rectores de inclusión, accesibilidad y no discriminación. La reforma busca garantizar el ejercicio pleno de los derechos de este grupo poblacional mediante la promoción de su participación efectiva y la eliminación de barreras físicas, sociales y culturales. También se incorpora el principio de transversalidad, que obliga a las autoridades a coordinar acciones para proteger los derechos humanos de las personas adultas mayores.

De manera paralela, se aprobó un decreto que modifica la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado. La adición incorpora el concepto de violencia contra este grupo, definiéndola como toda acción, omisión, abuso o trato negligente que cause daño o ponga en riesgo su vida, dignidad, libertad o integridad física, psicológica o sexual. El objetivo es identificar y prevenir conductas que afecten su desarrollo integral.

El Congreso también armonizó la Ley de Juicio Político del Estado con las reformas derivadas de la reforma judicial federal. El decreto aprobado incorpora a los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial como sujetos potenciales del juicio político, un mecanismo constitucional de control político del Poder Legislativo.

Finalmente, se aprobó la Minuta de Reforma Constitucional Federal en materia de reducción de privilegios, enviada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.