Congreso de San Luis Potosí se constituye como ente consultante tras resolución de la SCJN, enfrenta limitaciones presupuestales

El Poder Legislativo de San Luis Potosí se ha constituido formalmente como ente consultante para dar seguimiento al mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de realizar consultas a pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y personas con discapacidad. El anuncio fue realizado por el secretario de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el diputado Héctor Serrano Cortés.

De acuerdo con el legislador, el Congreso estatal ha cumplido con los tiempos establecidos al constituirse en el ente consultante, y así se lo hará saber a la SCJN. Sin embargo, el proceso enfrenta un obstáculo significativo: la falta de recursos económicos para su ejecución. Serrano Cortés señaló que el presupuesto requerido para las consultas es superior al manejado en ejercicios anteriores, recursos con los que actualmente no cuenta el Poder Legislativo.

La limitación presupuestal se ve agravada por una reforma constitucional que impide a las entidades federativas autorizar incrementos presupuestales reales para sí mismas si su presupuesto anual ya representa un porcentaje igual o menor al límite previsto en el artículo 116 de la Constitución. Esta disposición aplica respecto al monto aprobado para el ejercicio fiscal 2026 y los subsecuentes.

Ante este escenario, el diputado Serrano Cortés manifestó que solicitarán a la Corte que indique cómo proceder para obtener el financiamiento necesario. “Le pediremos que nos diga cómo le hacemos para el presupuesto, no sé si la Corte intervenga para que nos entreguen el recurso”, afirmó. El equipo jurídico del Congreso acudirá ante el máximo órgano jurisdiccional para entregar un informe y plantear la situación.

El legislador describió el procedimiento de consulta como complejo y costoso, ya que está establecido por ley e implica contrataciones diversas, como traductores y un secretario técnico responsable, para llevarse a cabo en las diferentes comunidades. “Hay que encontrar una figura jurídica que les permita acceder y atender lo que dice la ley en materia indígena”, afirmó, reconociendo también la necesidad de que cualquier aproximación sea aceptada por las propias comunidades indígenas.

En sus declaraciones, Serrano Cortés fue enfático al señalar que, sin el presupuesto necesario, no es posible avanzar. “La instrucción es muy clara: elaborar consulta, calendario y un presupuesto que no tenemos”, concluyó, subrayando que la institución se encuentra impedida para solicitar cualquier incremento presupuestal bajo el marco normativo actual.