Proponen en San Luis Potosí que deudas alimentarias sean imprescriptibles y perseguibles penalmente sin límite

La diputada María Dolores Robles Chairez presentó una iniciativa de reforma al Código Familiar y al Código Penal del estado de San Luis Potosí. La propuesta busca establecer que el derecho a reclamar alimentos sea imprescriptible y que el incumplimiento de estas obligaciones pueda perseguirse penalmente sin límite de tiempo.

La iniciativa plantea modificar el artículo 164 del Código Familiar estatal para establecer explícitamente que “el derecho de recibir alimentos es imprescriptible; no será renunciable, ni podrá ser objeto de transacción”. Actualmente, la redacción vigente ya señala que es irrenunciable y no transaccionable, pero la omisión sobre la prescripción ha permitido interpretaciones donde se aplican plazos genéricos de la legislación civil.

En paralelo, se propone reformar los artículos 110 y 114 del Código Penal de San Luis Potosí. El objetivo es incluir el “Incumplimiento de las Obligaciones de Asistencia Familiar” dentro del catálogo de delitos imprescriptibles. Este catálogo ya incluye delitos como violación, feminicidio, homicidio calificado, secuestro y desaparición forzada.

La diputada Robles Chairez argumentó que la problemática que motiva esta iniciativa es la desprotección de los acreedores alimentarios, principalmente niñas, niños y adolescentes. Señaló que algunos deudores podrían utilizar la legislación actual para evadir o prolongar el cumplimiento de sus responsabilidades económicas, lo que constituye una forma de violencia económica e incluso de género.

En materia penal, la reforma también busca estipular que, tratándose específicamente del delito de incumplimiento de obligaciones familiares (previsto en el artículo 202), el derecho de querella será imprescriptible. Esto pretende neutralizar el obstáculo procesal que representa el plazo ordinario de un año para presentar una denuncia una vez que se tiene conocimiento del hecho.

La iniciativa fue turnada a las comisiones Segunda de Justicia y Primera de Justicia del Congreso de San Luis Potosí para su análisis y dictamen correspondiente. De aprobarse, San Luis Potosí se sumaría a los estados que han legislado en esta dirección para fortalecer la protección de los derechos alimentarios en el ámbito familiar.