Diputados de San Luis Potosí buscan regular centros de rehabilitación con censo estatal

Diputados locales de San Luis Potosí intensificaron mesas de trabajo para regular los centros de rehabilitación en la entidad, impulsar un censo estatal y garantizar que operen con estándares legales, atención profesional y condiciones dignas frente al creciente problema de las adicciones.

Con el objetivo de enriquecer la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones para el Estado de San Luis Potosí, los diputados Luis Emilio Rosas Montiel y Luis Felipe Castro Barrón continuaron las mesas de trabajo orientadas a integrar los derechos y obligaciones de los Centros de Rehabilitación de Adicciones, así como a establecer su regulación en la entidad.

Durante este encuentro, se planteó la necesidad de generar un censo estatal de los centros que actualmente operan, para garantizar su correcto funcionamiento y apego a la normatividad. En la reunión, se expuso la grave problemática de las adicciones, particularmente entre la población joven, así como la urgencia de fortalecer el marco legal para la operación de los centros de rehabilitación.

Los legisladores destacaron los beneficios que los centros de rehabilitación generan en la vida de quienes logran superar esta enfermedad, compartiendo casos de éxito que evidencian la importancia de estos espacios. Tras escuchar las inquietudes de directivos de clínicas y centros especializados de rehabilitación de adicciones, reiteraron su compromiso de continuar trabajando en la construcción de una propuesta legislativa sólida, que permita mejorar la atención desde un enfoque de salud pública y garantizar servicios dignos y profesionales.

Informaron que en próximas mesas de trabajo se buscará la participación de diversas dependencias involucradas, como el sector salud, Protección Civil, Guardia Civil Estatal, Temazcalli y hospitales, con el objetivo de consolidar una legislación integral. Los legisladores coincidieron en que es fundamental trabajar bajo un principio de corresponsabilidad entre autoridades y sociedad civil, para garantizar no sólo la regulación y certificación de los centros, sino también la identificación de aquellos que no cumplan con la normativa vigente.