Propuesta en San Luis Potosí busca filtrar candidatos vinculados al crimen organizado

El Congreso del Estado de San Luis Potosí analizará una iniciativa que propone hacer obligatorios los exámenes de control de confianza para todos los aspirantes a cargos de elección popular en el año 2027. La medida busca evitar que personas con vínculos con el crimen organizado accedan a puestos gubernamentales o legislativos.

El diputado Héctor Serrano Cortés, impulsor de la propuesta, informó que la próxima semana se llevará a cabo una mesa de trabajo con los 27 integrantes de la LXIV Legislatura. El objetivo es generar una ruta que permita avanzar en el análisis y los acuerdos necesarios para la iniciativa, la cual aborda la condición de integridad y confiabilidad para la postulación democrática.

Serrano Cortés señaló que, al tratarse de una iniciativa novedosa, puede generar opiniones y posturas diversas. Por ello, se convocó a todos los legisladores para participar en el debate. No obstante, desde enero de este año se ha estado discutiendo el tema y se han recibido opiniones favorables al interior de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).

El diputado explicó que la propuesta no está limitada a instituciones del estado de San Luis Potosí, sino que puede participar el Estado mexicano en su aplicación. Este punto se debatirá el miércoles próximo. Sin embargo, destacó que la iniciativa ha sido vista con buenos ojos por los integrantes de la JUCOPO, con quienes ha conversado desde enero.

“La intención es buscar mecanismos que nos permitan evitar o tratar de evitar que personas vinculadas con el crimen organizado penetren o se infiltren en las estructuras gubernamentales o camarales, como consecuencia de un proceso de elección popular”, afirmó Serrano Cortés. Los exámenes incluirían estudios psicológicos, toxicológicos y el uso del polígrafo para determinar, con evidencia científica, si existe una relación con el crimen organizado.

Aunque San Luis Potosí cuenta con estándares de seguridad reconocidos y favorables, como quedó demostrado en hechos recientes, el legislador consideró necesario generar un marco legal que garantice la tranquilidad y evite que personas con vínculos delictivos ocupen cargos de elección popular, ya sea en el ámbito gubernamental o legislativo.