Diputada propone reforma para endurecer medidas contra deudores alimentarios en San Luis Potosí

La diputada Roxanna Hernández Ramírez presentó una iniciativa para reformar el Código Familiar del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer el Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas y establecer controles más estrictos contra el incumplimiento de pensiones alimenticias.

La propuesta, turnada a la Comisión Segunda de Justicia para su análisis, plantea que el padrón esté a cargo del Registro Civil del Estado, que será responsable de su integración, actualización, resguardo y administración, así como de la expedición de constancias sobre la inscripción o no de una persona.

De acuerdo con la iniciativa, una persona se constituirá como deudora alimentaria morosa cuando incumpla con la entrega de alimentos por un período de sesenta días continuos, o cuando deje de cubrir cuatro pensiones en un periodo de dos años. En estos casos, el juez de lo familiar ordenará de oficio su inscripción en el padrón.

La reforma también incorpora la posibilidad de que la autoridad judicial, bajo criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, solicite a las autoridades competentes restringir la salida del país de quienes incumplan con sus obligaciones alimentarias. Esta medida, sujeta a valoración judicial, busca evitar la evasión de responsabilidades mediante el abandono del territorio nacional, sin ser automática ni arbitraria, garantizando el respeto a los derechos humanos y al debido proceso.

Además, se refuerza el criterio para determinar el monto de los alimentos: cuando no sea posible comprobar los ingresos del deudor, la autoridad jurisdiccional deberá considerar su capacidad económica y el nivel de vida que haya mantenido en los últimos dos años.

La iniciativa también contempla el derecho de las personas deudoras a solicitar la cancelación de su inscripción en el padrón una vez que hayan cumplido totalmente con sus obligaciones, mediante un procedimiento claro, transparente y ágil.

En su exposición de motivos, la legisladora señaló que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias no debe ser visto como un asunto menor o privado, sino como una forma de violencia económica que impacta directamente en la vida de miles de familias, particularmente de mujeres y niñas, generando desigualdades que el Estado debe atender.