Diputada propone trabajo comunitario como sanción vial alternativa en San Luis Potosí

Una iniciativa presentada en el Congreso del Estado de San Luis Potosí busca incorporar el trabajo comunitario como una alternativa o complemento a las multas por infracciones de tránsito.

La diputada Jacquelinn Jauregui Mendoza propuso adicionar el artículo 84 Bis a la Ley de Tránsito del Estado, con el objetivo de incluir expresamente esta opción sancionatoria. Actualmente, el artículo 84 establece como sanciones administrativas únicamente la multa y la suspensión o cancelación de licencias o permisos especiales.

Según la legisladora, estas sanciones, aunque necesarias para garantizar el orden y la seguridad vial, no siempre resultan equitativas ni eficaces. Esto ocurre especialmente cuando el infractor no cuenta con recursos económicos suficientes o cuando se trata de infracciones menores, cuya sanción podría aprovecharse para fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y la comunidad.

La propuesta establece que el trabajo comunitario se aplicará en los términos que determine el reglamento correspondiente, con base en criterios como la naturaleza de la infracción y la condición socioeconómica del infractor. Esto permitirá a la autoridad administrativa aplicar medidas más proporcionales y útiles.

El trabajo comunitario se define como una sanción administrativa que consiste en la realización de actividades no remuneradas en beneficio de la colectividad. Entre estas actividades se incluyen la limpieza de espacios públicos, mantenimiento urbano, apoyo en campañas de concientización ciudadana u otras tareas análogas, definidas por la autoridad competente.

La aplicación de esta sanción se sujetará a los principios de proporcionalidad, respeto a la dignidad humana y no discriminación, y no podrá exceder de 36 horas.

La diputada indicó que esta propuesta no solo diversifica las herramientas sancionatorias del Estado, sino que también se alinea con los principios de justicia cívica, participación social y prevención no punitiva. La iniciativa favorece la educación vial, la corresponsabilidad ciudadana y el sentido de pertenencia a los espacios públicos.

La iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso estatal.