Congreso de San Luis Potosí aprueba reforma que obliga a escuelas a denunciar violencia

El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó reformas a la Ley de Educación local para que el personal docente, directivo y administrativo denuncie de inmediato cualquier caso de violencia contra integrantes de la comunidad educativa. La omisión de esta obligación podrá derivar en sanciones penales y administrativas.

La LXIV Legislatura avaló modificaciones a los artículos 83 y 85 de la Ley de Educación del Estado, propuestas por el diputado Luis Fernando Gámez Macías y la ciudadana Irlanda Susana del Río Contreras, en representación de la Fundación Internacional Granito de Arena A.C. El objetivo es establecer expresamente la obligación de denuncia inmediata en casos de violencia en el entorno escolar, familiar o comunitario.

De acuerdo con el dictamen aprobado, la omisión de esta obligación será sancionada conforme a la legislación penal aplicable y a las disposiciones administrativas correspondientes, garantizando en todo momento el interés superior de la niñez.

Los protocolos de actuación serán elaborados de manera conjunta por la Autoridad Educativa Estatal, la Fiscalía General del Estado, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Estos protocolos servirán para la prevención y atención de la violencia que se genere en el entorno escolar, familiar o comunitario, así como para la detección oportuna y la atención de accidentes que se presenten en los planteles educativos. También se determinarán mecanismos para la medición y resolución pacífica de controversias entre los integrantes de la comunidad educativa.

En la exposición de motivos, se señala que el establecimiento de protocolos claros y obligatorios permitirá proteger a la víctima desde el primer momento, brindar certeza jurídica al personal escolar para evitar actuaciones sujetas a interpretaciones discrecionales, y articular la actuación del sistema educativo con la Fiscalía General del Estado y las Procuradurías de Protección del DIF estatal y municipales.

Además, se contempla la capacitación periódica de todas las personas que laboran en el sistema educativo sobre sus deberes legales y procedimientos. Con estas reformas, San Luis Potosí se coloca a la vanguardia en la protección integral de la infancia, respondiendo a una deuda histórica con quienes han sufrido abuso sexual sin que sus voces fueran escuchadas.