Congreso de San Luis Potosí aprueba reforma para regular escuelas privadas y combatir fraudes educativos

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó un dictamen que reforma la Ley de Educación estatal, con el objetivo de reforzar la supervisión sobre escuelas privadas, transparentar su publicidad y endurecer sanciones contra instituciones que operan sin el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE). La iniciativa fue presentada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Durante la sesión de trabajo, el diputado Crisógono Pérez López, presidente de la comisión, destacó que la medida responde al crecimiento significativo del sector privado educativo en los últimos años, así como a los casos de fraude y engaño que han afectado a miles de estudiantes potosinos. La reforma busca fortalecer la vigilancia y garantizar que las instituciones cumplan con los requisitos legales.

Entre los principales puntos de la reforma, se establece la obligación para las escuelas privadas de transparentar en toda publicidad la modalidad educativa y el domicilio autorizado. Además, se crean lineamientos específicos para la publicidad en redes sociales y medios digitales, así como mecanismos de inspección ordinaria y extraordinaria.

La iniciativa faculta a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado para retirar publicidad irregular y aplicar multas que van desde mil hasta siete mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de detectarse la infracción. También contempla la revocación de autorizaciones o el retiro del RVOE a las instituciones que incumplan la ley, y las sanciones económicas podrán convertirse en créditos fiscales en caso de no ser cubiertas.

Los legisladores consideraron que esta reforma coloca a San Luis Potosí como referente nacional al priorizar la protección de niñas, niños y adolescentes, salvaguardar los derechos de las familias, modernizar las herramientas de supervisión educativa y fortalecer mecanismos sostenibles de financiamiento. El diputado Crisógono Pérez López señaló que la reforma no solo busca cerrar espacios al fraude educativo, sino elevar la integridad del sistema educativo y garantizar que toda oferta educativa cumpla con estándares de legalidad, calidad y pertinencia.

Además, la medida promueve una competencia leal entre prestadores privados, evitando que instituciones que cumplen con la ley sean desplazadas por aquellas que recurren a publicidad engañosa o prácticas deshonestas. El dictamen será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su análisis y votación correspondiente.