Congreso de SLP avala Ley de Justicia Cívica para resolver conflictos vecinales sin saturar a la Fiscalía

Las comisiones unidas de Régimen Interno y Asuntos Electorales y Segunda de Justicia del Congreso del Estado aprobaron el dictamen que expide la Ley de Justicia Cívica del Estado y Municipios de San Luis Potosí. La nueva legislación busca que los municipios puedan atender faltas administrativas y conflictos ciudadanos mediante juzgados cívicos, mediación y cultura de paz, sin necesidad de recurrir a la Fiscalía General del Estado.

El diputado Rubén Guajardo, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales y promovente de la iniciativa, explicó que esta ley establece un sistema integral para la atención y seguimiento de las faltas administrativas. Incluye mecanismos claros para la solución de conflictos derivados de conductas consideradas como faltas administrativas, dotando de legalidad y certeza jurídica a la actuación de las autoridades municipales.

“Estamos convencidos de que se fortalecerá la seguridad pública en San Luis Potosí, ya que es una herramienta para que los ayuntamientos apuntalen la justicia cívica. Le vamos a quitar carga a la Fiscalía General del Estado para que puedan perseguir delitos como robo a casa habitación, a vehículos, violencia, fraude, y que los problemas menores entre vecinos se puedan resolver con un sistema de justicia cívica”, señaló Guajardo.

La ley permite que los 59 municipios del estado cuenten con los juzgados cívicos que consideren necesarios, según su capacidad presupuestal. Estos espacios deberán tener áreas para audiencias, aseguramiento de probables infractores, valoración médica y personal suficiente, siempre en apego a las capacidades de cada ayuntamiento.

Se crea un mecanismo formal de prevención y atención temprana del delito, accesible para todos los ciudadanos, que fomenta la cultura de la paz y la justicia restaurativa en materia de faltas administrativas. En cuanto a infracciones, serán los municipios quienes establezcan el catálogo de faltas dentro de sus reglamentos.

El diputado Guajardo detalló que actualmente los ayuntamientos de San Luis Potosí, Rioverde y Ciudad Valles ya implementan acciones en justicia cívica, pero no existe una ley estatal. “Una vez que se apruebe este proyecto, habrá pláticas con los ayuntamientos sobre las bondades del sistema. Al final no es obligatorio, no los podemos obligar por el 115 constitucional, pero lo importante son las bondades que puedan tener en materia de seguridad pública”, afirmó.

El dictamen fue turnado al pleno del Congreso para su votación final.