Congreso de San Luis Potosí refuerza supervisión a escuelas privadas para combatir publicidad engañosa

La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó reformas a la Ley de Educación con el objetivo de fortalecer la supervisión de las instituciones educativas privadas, frenar la publicidad engañosa y garantizar que los servicios educativos cuenten con validez oficial y operen conforme a la ley.

Las modificaciones buscan que las autoridades educativas refuercen las acciones de verificación de los requisitos de incorporación y reconocimiento de validez oficial de estudios en servicios de educación privada. Según el dictamen, en los últimos años la prestación privada de servicios educativos ha crecido de forma significativa, lo que ha ampliado la cobertura y diversificado la oferta educativa en el estado.

Sin embargo, esta expansión también ha evidenciado prácticas que afectan los derechos de las familias, erosionan la confianza pública y generan riesgos educativos, patrimoniales y sociales. Entre los fenómenos detectados se encuentran la publicidad engañosa, el uso indebido de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios, los cambios no autorizados de domicilio, la operación de programas no aprobados y la reducción irregular de los tiempos de formación.

Las reformas, planteadas por el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, establecen obligaciones claras de veracidad, comparabilidad y trazabilidad en toda publicidad de servicios educativos. Además, se incorpora un registro obligatorio que permitirá verificar que cada pieza publicitaria corresponda con la realidad jurídica y académica de la institución, con el fin de evitar que las familias sean inducidas al error.

La nueva normativa también dota de claridad y seguridad jurídica a las facultades de supervisión de la autoridad educativa, mediante la distinción entre visitas de verificación, ordinarias y extraordinarias. Se definen sus alcances y procedimientos, lo que permitirá actuar con inmediatez en casos de riesgo y garantizar intervenciones proporcionales, debidamente motivadas y sujetas a control posterior.

Asimismo, se incorpora el allanamiento procesal como un mecanismo moderno que permite concluir anticipadamente un procedimiento administrativo sancionador cuando la persona particular reconoce la infracción y acepta la sanción. Esto garantiza eficiencia, facilita la corrección temprana de irregularidades y reduce la carga administrativa tanto para la autoridad como para las instituciones educativas.