Gobierno de Nuevo León y sociedad civil firman acuerdos para impulsar la inclusión de personas con discapacidad

El Gobierno de Nuevo León, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, firmó una serie de acuerdos destinados a fortalecer la inclusión de personas con discapacidad en la entidad. El evento, realizado en la capital del estado, contó con la participación de representantes de diversas asociaciones y funcionarios estatales, quienes se comprometieron a implementar políticas públicas más efectivas en esta materia.

Los acuerdos firmados buscan garantizar el acceso equitativo a servicios de salud, educación, empleo y movilidad para las personas con discapacidad. Entre las medidas destacan la creación de un consejo consultivo que dará seguimiento a las acciones, así como la capacitación de servidores públicos en materia de inclusión y derechos humanos. Además, se estableció la obligación de reportar periódicamente los avances a la ciudadanía.

Representantes de la sociedad civil señalaron que estos acuerdos son un paso importante, pero advirtieron que su efectividad dependerá de la voluntad política y de la asignación de recursos suficientes. "No basta con firmar documentos; necesitamos acciones concretas y presupuesto etiquetado para que las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades", declaró un portavoz de una de las asociaciones participantes.

Por su parte, el gobierno estatal aseguró que los acuerdos forman parte de una estrategia integral para cumplir con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada por México. Se espera que en los próximos meses se presenten los primeros resultados de las medidas acordadas, las cuales incluyen la instalación de rampas en espacios públicos y la adaptación de materiales educativos.

La firma de estos acuerdos se da en un contexto donde, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Nuevo León viven alrededor de 500 mil personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa aproximadamente el 6% de la población estatal. Las organizaciones civiles han señalado que, pese a los avances legislativos, persisten barreras en el acceso a empleo y servicios básicos.

Con esta iniciativa, Nuevo León se suma a otros estados que han implementado políticas similares, aunque expertos advierten que la replicación de modelos exitosos requerirá de una coordinación estrecha entre los tres niveles de gobierno y la sociedad civil. El siguiente paso, según lo acordado, será la elaboración de un plan de trabajo con metas específicas y mecanismos de evaluación.