San Luis Potosí aprueba reformas para proteger a menores en internet

El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar que el acceso a las tecnologías de la información, telecomunicaciones e internet se realice en un entorno seguro y con protección a su integridad.

En Sesión Ordinaria, el Pleno de la LXIV Legislatura aprobó modificaciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, con el objetivo de que el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet, sea en un ambiente seguro.

El Decreto reforma el artículo 88 y adiciona el artículo 88 BIS a la ley estatal. Establece que, en el ejercicio del derecho al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet, las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán acciones de prevención y protección de la dignidad humana, y el libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes.

Se indica que los medios tecnológicos deberán ser un canal efectivo para que las niñas, niños y adolescentes ejerzan su derecho a la información, comunicación, educación, salud y no discriminación, siempre y cuando no afecten su integridad física y emocional, y puedan acceder a contenidos acordes a su grado de desarrollo y madurez.

Además, se establece que las niñas, niños y adolescentes mayores de doce años podrán acceder a las redes sociales digitales con el consentimiento y supervisión del padre, madre o quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, tanto en el proceso de registro como en su uso.

En su exposición de motivos, se indica que el avance tecnológico también ha provocado un incremento en actividades ilegales que se cometen a través de internet y del ciberespacio, los cuales pueden generar afectaciones, sobre todo para la vida de las niñas, niños y adolescentes, tales como acoso, hostigamiento sexual, pornografía y violaciones a la intimidad, entre otras; por lo que el Estado tiene la obligación de proteger su integridad.