Diputada propone ampliar tipos de violencia digital contra mujeres en San Luis Potosí

La diputada Roxanna Hernández Ramírez presentó una iniciativa para reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de ampliar el catálogo de conductas consideradas como violencia digital. La propuesta busca reconocer nuevas prácticas derivadas del avance tecnológico, como el ciberacoso, el doxing, la suplantación de identidad, el hostigamiento coordinado, el sexting no consentido y el gaslighting digital.

La iniciativa define el ciberacoso como una conducta sistemática y reiterada de acecho, monitoreo, persecución o vigilancia a través de medios digitales, que altere la tranquilidad o la libertad de acción de la mujer y la coloque en una situación de indefensión total. También incorpora el doxing, que consiste en la publicación, difusión o intercambio de información personal y privada sin consentimiento, con el fin de dañar la reputación o exponer a la víctima a agresiones de terceros.

Además, se incluye la producción o difusión de contenido íntimo o simulado, ya sea real, alterado o generado mediante inteligencia artificial, sin el consentimiento de la persona. El hostigamiento coordinado o linchamiento cibernético se define como una acción violenta colectiva que emite mensajes de odio, insultos, información apócrifa o provocaciones constantes para silenciar la actividad de la mujer.

La suplantación de identidad se refiere a la creación o uso de perfiles falsos para dañar la reputación de la mujer, enviar mensajes en su nombre o acceder ilícitamente a su información privada. El sexting no consentido implica el envío de contenidos gráficos de tipo sexual a otras personas con el objeto de difundirlos o utilizarlos como herramienta de presión o humillación.

El gaslighting digital se describe como la distorsión deliberada de información, alteración de registros de comunicación o suplantación de identidad, con el fin de hacer que la víctima dude de su propia percepción, memoria o juicio, invalidando su testimonio e invirtiendo los roles de agresor y víctima, lo que genera confusión y facilita la continuidad del abuso.

La diputada señaló que la reforma busca generar un marco normativo más claro para que las víctimas puedan identificar cuándo están siendo objeto de violencia digital, así como brindarles herramientas para exigir la protección de sus derechos. También pretende fortalecer las capacidades institucionales para la atención de estos casos, garantizando el respeto a los derechos humanos, la protección de datos personales y la no revictimización.

La iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de San Luis Potosí.