Propuesta de reforma busca fortalecer monitoreo climático y alertas hídricas en San Luis Potosí

La diputada Nancy Jeanine García Martínez presentó una iniciativa para reformar la Ley de Cambio Climático de San Luis Potosí, con el objetivo de establecer un sistema de monitoreo preventivo que permita anticipar y gestionar los impactos del cambio climático, especialmente en recursos hídricos, salud pública y ecosistemas.

La iniciativa define conceptos clave, crea una red de monitoreo preventivo, fortalece los mecanismos de análisis hidrometeorológico y de calidad del agua, y robustece las alertas tempranas. De ser aprobada, permitiría transitar de una gestión reactiva a una preventiva, basada en evidencia, en cumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos y desarrollo sostenible.

En San Luis Potosí, la mayoría de los estudios sobre cambio climático se concentran en zonas urbanas, limitados por la disponibilidad de datos. Esto dificulta el análisis de escenarios en regiones rurales, donde la vulnerabilidad es alta. Por ello, se considera urgente que los gobiernos coordinen esfuerzos para mejorar la recopilación de datos, ampliar el monitoreo climático y desarrollar políticas integrales que equilibren la protección ambiental y los derechos humanos.

El estado se encuentra clasificado con estrés hídrico moderado, entendido como la condición en la que la demanda de agua excede la disponibilidad de recursos hídricos en una región durante un periodo determinado, o cuando la calidad del agua limita su uso. Definir este concepto permitirá que el sistema de monitoreo climático no solo mida caudales, sino que emita alertas tempranas por estrés hídrico, activando medidas de gestión sostenible y protección del derecho humano al agua.

La modificación propuesta, al incluir el análisis de variables como la intensidad, duración, frecuencia y distribución temporal de las lluvias, permitirá fortalecer las acciones de adaptación, prevención y gestión de riesgos. Esto facilitaría el diseño de infraestructura hidráulica y pluvial más resiliente, la identificación de zonas vulnerables a inundaciones y la implementación de políticas públicas basadas en evidencia científica.

La adición del artículo 14 BIS responde a esta necesidad al establecer un Sistema de monitoreo climático con enfoque preventivo, coordinado entre el Ejecutivo del Estado, los municipios y las dependencias competentes en materia ambiental, hídrica y de ordenamiento territorial. Dicho sistema tendrá por objeto generar, integrar y analizar información relevante para la toma de decisiones en materia de adaptación, mitigación y reducción de riesgos asociados al cambio climático.

La información generada por este sistema permitirá fortalecer la prevención de impactos, la reducción de riesgos y la adaptación de las políticas públicas en materia de cambio climático, favoreciendo la toma de decisiones basadas en evidencia científica y la implementación de acciones coordinadas entre el estado y los municipios, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los estándares internacionales de derechos humanos impulsados por la CIDH.

La reforma al artículo 45 permitirá la incorporación de mecanismos de monitoreo y evaluación de variables hidrológicas y de calidad del agua, incluyendo contaminantes emergentes, en cuerpos de agua de jurisdicción estatal, en coordinación con las autoridades competentes. Esto contribuirá a fortalecer la gestión sostenible de los recursos hídricos y la identificación de riesgos asociados al cambio climático.

La diputada Nancy Jeanine García añadió que, de aprobarse la iniciativa, generaría impactos positivos concretos en San Luis Potosí, como el mejoramiento de la salud pública al monitorear contaminantes emergentes en el agua y prevenir inundaciones con alertas tempranas basadas en intensidad de lluvia; ayudaría a garantizar el derecho humano al agua mediante la detección oportuna de estrés hídrico y gestión sostenible de los recursos hídricos; fortalecería la generación y análisis de información climática e hidrológica para la toma de decisiones basadas en evidencia científica; protegería la biodiversidad monitoreando los ecosistemas y fortalecería la transparencia y el acceso a la información climática y ambiental, contribuyendo hacia un desarrollo sostenible basado en evidencia.

La iniciativa se turnó a las comisiones de Ecología y Medio Ambiente; y Agua para su análisis y dictamen.