Diputada propone reforma para garantizar autonomía económica de mujeres indígenas en San Luis Potosí

La diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó una iniciativa de reforma al artículo 13 de la Ley de Ganadería del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer la igualdad sustantiva y asegurar que las mujeres indígenas y del campo accedan de manera directa a apoyos, proyectos productivos y espacios de decisión.

La propuesta busca que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (SEDARH) garantice la titularidad directa de las mujeres indígenas en la recepción de apoyos, activos y proyectos productivos, para asegurar su autonomía económica. También plantea asegurar su participación en espacios de toma de decisiones y asambleas comunitarias.

Además, la iniciativa promueve que el respeto a los sistemas normativos internos y prácticas tradicionales no vulnere los derechos humanos de las mujeres. Incluye la implementación de mecanismos de acompañamiento técnico y administrativo con enfoque intercultural y de género, así como priorizar el financiamiento a proyectos liderados por mujeres indígenas.

En su exposición de motivos, la legisladora Sánchez de Lira señaló que la propuesta busca fincar las bases legales para pasar de una equidad formal a una igualdad sustantiva. Esto garantizaría que los recursos del Estado lleguen directamente a quienes trabajan la tierra y cuidan el hato, ya que frecuentemente los apoyos se canalizan a través de representantes varones, invisibilizando el trabajo femenino, sobre todo de mujeres indígenas, y limitando su independencia financiera.

La diputada resaltó que la inclusión de las mujeres en actividades económicas que implican su participación en la generación de ingresos favorece la reconstrucción del tejido comunitario y las relaciones que lo conforman. Esto forma parte de los objetivos del programa Sembrando Vida para la recuperación del campo mexicano y la generación de bienestar en el ámbito rural e indígena.

Por ello, la reforma tiene como objetivo central pasar de una equidad formal a una igualdad sustantiva, ya que, según la legisladora, no puede haber autonomía comunitaria si la mitad de la comunidad es excluida de la toma de decisiones.

La iniciativa reconoce que la capacitación no puede ser igual para todos, por lo que propone un mandato a la SEDARH para implementar mecanismos de acompañamiento que consideren la realidad pluricultural y las brechas de género. Esto implica adaptar las asesorías técnicas para que valoren los conocimientos tradicionales de las mujeres y se ajusten a sus necesidades específicas.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Igualdad de Género y Desarrollo Rural y Forestal para su análisis y dictaminación.