Iniciativa de reforma busca transición ordenada en presidencia del Tribunal Electoral

El diputado Héctor Serrano Cortés presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado, con el objetivo de establecer un mecanismo de transición más claro y funcional en el relevo de la Presidencia, evitando vacíos de dirección y desajustes entre los periodos de las magistraturas y la designación del titular del órgano jurisdiccional.

La ley vigente establece que los integrantes del Pleno elegirán al titular de la Presidencia “la primera semana del mes de enero del año que corresponda”. Esta regla asume que los periodos de encargo de las magistraturas, diseñados a nivel federal por el Senado de la República, siempre coincidirán con el calendario anual local, lo que no ocurre en la práctica.

En el caso que motiva la propuesta, la Presidencia actualmente la ostenta una magistratura que concluye su encomienda constitucional en octubre. “Si nos apegamos estrictamente a la regla vigente, la elección de la nueva Presidencia tendría que postergarse hasta el mes de enero subsecuente”, señaló el diputado.

La reforma propone que el Pleno se reúna dentro del mes previo a la conclusión del periodo de un magistrado que ocupe la Presidencia, para nombrar a un nuevo titular por un periodo de dos años, sin posibilidad de reelección inmediata. Este mecanismo permite que el relevo se prepare con antelación y asegura que exista una titularidad plenamente legitimada para asumir funciones sin soluciones de continuidad.

Además, la iniciativa establece que el patrimonio del Tribunal, compuesto por bienes, activos, cuentas bancarias y demás recursos, son inembargables e imprescriptibles. En ningún caso serán sujetos de medidas cautelares, ejecución judicial o administrativa, y quedarán sujetos al régimen que establece la legislación estatal aplicable.

El diputado destacó que el Tribunal es una institución salvaguarda de los derechos político-electorales de los ciudadanos, de la paridad de género y de la inclusión de grupos vulnerables. Para que cumpla cabalmente con su función constitucional, es indispensable que su marco normativo interno se mantenga actualizado, sea armónico con la realidad operativa y proteja los recursos institucionales.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales para su análisis.