Iniciativa en San Luis Potosí busca reforzar atención inmediata a víctimas de violencia familiar

Una iniciativa presentada en el Congreso de San Luis Potosí busca fortalecer el marco legal de atención a la violencia familiar, con el objetivo de garantizar auxilio policial inmediato, medidas de protección urgentes y procuración de justicia con perspectiva de género. La propuesta también plantea incorporar formalmente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) como primera instancia de respuesta y actualizar las atribuciones de la Fiscalía General del Estado.

La diputada Dulcelina Sánchez de Lira, autora de la iniciativa, señaló que la reforma a la Ley de Prevención y Atención de la Violencia Familiar del Estado busca que las víctimas reciban un auxilio policial inmediato como primer contacto, representación jurídica y especializada, y una procuración de justicia con perspectiva de género que evite su revictimización.

La iniciativa propone actualizar la denominación de la Fiscalía General del Estado, ya que actualmente se hace referencia a la Procuraduría del Estado, e incorporar formalmente a la SSPC como una autoridad competente en la primera línea de atención. En su exposición de motivos, la diputada señaló que, ante un episodio de violencia extrema en el hogar, el primer recurso de auxilio de las víctimas no son las instituciones asistenciales, sino el despliegue de las fuerzas del orden a través de los números de emergencia.

La inclusión formal de la SSPC fundamenta jurídicamente la obligatoriedad de que sus corporaciones policiales, particularmente la Guardia Civil Estatal y sus unidades especializadas en materia de género, actúen bajo estrictos protocolos de primer contacto y con perspectiva de género. La reforma dota a los elementos policiacos de las atribuciones necesarias para ejecutar medidas de protección de emergencia inmediatas, resguardar de forma prioritaria a las víctimas, trasladarlas a espacios seguros o centros de salud, e intervenir de forma oportuna para hacer cesar las agresiones.

Asimismo, la modificación normativa permite armonizar las atribuciones de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, actualizando el término constitucionalmente superado de “Readaptación Social” por el modelo moderno de reinserción, garantizando que los agresores recluidos o bajo medidas cautelares reciban tratamientos psicológicos reeducativos obligatorios y eficaces para evitar la reincidencia.

En el caso de la Fiscalía General del Estado, la iniciativa indica que le corresponde recibir las denuncias o querellas por hechos que puedan constituir violencia familiar, garantizando un trato digno, con perspectiva de género y evitando la revictimización. También debe dictar de manera inmediata y de oficio las medidas de protección de emergencia urgentes para salvaguardar la integridad física y psicológica de las víctimas y sus dependientes, coadyuvar con las autoridades competentes en el diseño y ejecución de protocolos de actuación especializada, y proporcionar al Consejo Estatal información estadística desagregada por género, edad y municipio sobre los casos de violencia familiar, resguardando los datos personales de las víctimas.

La iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión Segunda de Justicia del Congreso local.