Iniciativa en San Luis Potosí busca sancionar con hasta 8 años de prisión a servidores públicos que filtren imágenes de víctimas

Una iniciativa presentada en el Congreso del Estado de San Luis Potosí propone castigar con hasta ocho años de prisión a servidores públicos que difundan imágenes, videos o audios de víctimas de hechos violentos. La propuesta, inspirada en el caso de Ingrid Escamilla, busca frenar la revictimización, proteger la dignidad de las víctimas y sancionar la filtración de material sensible.

La diputada Roxanna Hernández Ramírez presentó una iniciativa de reforma a diversas disposiciones del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de evitar y sancionar la filtración y difusión de imágenes, videos y audios de víctimas de hechos violentos. La iniciativa propone incorporar un tipo penal específico que sancione la difusión indebida de imágenes y material relacionado con víctimas y escenas del crimen por parte de servidores públicos, con el fin de evitar la filtración de información sensible, proteger la dignidad de las víctimas, evitar la revictimización de sus familias y fortalecer la confianza en las instituciones de justicia.

La reforma busca incorporar en el apartado de delitos cometidos por servidores públicos en la procuración e impartición de justicia, a quien, por sí o por interpósita persona, sin autorización legal y con motivo del ejercicio de sus funciones, divulgue, publique, transmita, comparta o entregue por cualquier medio imágenes o videos de cualquier registro de cadáveres, restos humanos, lesiones o de las circunstancias relacionadas con el fallecimiento de una persona, cuando dicha conducta vulnere la dignidad, privacidad o intimidad de la víctima o de sus familiares.

En estos casos, se propone establecer una pena de prisión de tres a ocho años y una sanción pecuniaria de trescientas a un mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. La pena se aumentará hasta en una mitad cuando la víctima sea mujer, niña, niño o adolescente, o cuando el contenido se difunda a través de medios de comunicación, redes sociales o plataformas digitales con fines de exposición pública o lucro.

La diputada recordó que esta iniciativa parte del caso de Ingrid Escamilla, ocurrido en febrero de 2020 en la Ciudad de México, quien fue víctima de feminicidio por su pareja sentimental. Después del hecho, se filtraron y difundieron imágenes de la escena del crimen y del cuerpo de la víctima, las cuales circularon en redes sociales y medios de comunicación, generando una fuerte indignación social y un profundo daño a su familia.

La legisladora Hernández Ramírez señaló que la reforma no busca limitar el derecho a la información ni la libertad de expresión, sino establecer límites claros frente a conductas indebidas que han generado daño social, institucional y humano, garantizando que ninguna persona sea expuesta de manera degradante tras su fallecimiento y reafirmando el compromiso del Estado con la dignidad humana en todas sus dimensiones. La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión Primera de Justicia.