El lado invisible de la violencia digital
El estudio sobre el abuso y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes facilitados por la tecnología, elaborado por UNICEF e INTERPOL, constituye una de las investigaciones más completas...
El estudio sobre el abuso y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes facilitados por la tecnología, elaborado por UNICEF e INTERPOL, constituye una de las investigaciones más completas sobre la violencia sexual digital que enfrenta esta población en México. Aunque, a primera vista, el dato podría parecer reducido —13 % de los adolescentes de entre 12 y 17 años que utilizan internet—, en realidad equivale a cerca de 1.6 millones de víctimas en un solo año. La magnitud de esta cifra muestra la gravedad del problema.
Sin embargo, los hallazgos más preocupantes surgen al contrastar estas cifras con la forma en que ocurre la violencia. El informe rompe con la idea de que los principales riesgos provienen de personas desconocidas que operan en internet. En la mayoría de los casos, las víctimas conocían previamente a sus agresores, quienes eran principalmente amistades, parejas o incluso familiares. Asimismo, el primer contacto suele producirse en espacios cotidianos, particularmente en la escuela, lo que evidencia que la tecnología no genera por sí misma la violencia, sino que amplifica relaciones de abuso y confianza previamente establecidas.
Las redes sociales y las aplicaciones de mensajería constituyen los principales escenarios donde se materializan estas agresiones. Entre las modalidades más frecuentes se encuentran la recepción no solicitada de contenido sexual, las solicitudes para compartir fotografías íntimas, la sextorsión, las amenazas, la manipulación emocional y la difusión de imágenes privadas sin consentimiento. A ello se suma un riesgo emergente: el uso de herramientas de inteligencia artificial para crear imágenes sexuales falsas, lo que amplía considerablemente las formas de victimización.
Las consecuencias trascienden el entorno digital. El estudio muestra que quienes han sufrido este tipo de violencia presentan una probabilidad significativamente mayor de desarrollar problemas de salud mental, como ansiedad, depresión, trastornos del sueño y baja autoestima. Particularmente alarmante resulta que las víctimas tienen hasta quince veces más probabilidades de autolesionarse y doce veces más de experimentar pensamientos suicidas, lo que refleja el profundo impacto psicológico que deja este tipo de agresiones.
A pesar de la gravedad de los hechos, la mayoría de las víctimas no denuncia. La vergüenza, el miedo, el desconocimiento sobre los mecanismos de denuncia y las amenazas de los agresores provocan que una parte importante de los casos permanezca oculta. Incluso entre quienes deciden acudir ante las autoridades, los resultados suelen ser poco alentadores debido a procedimientos prolongados, la revictimización durante las investigaciones, la falta de personal especializado y la insuficiente atención psicológica. Estas deficiencias explican por qué muchas personas abandonan los procesos judiciales antes de obtener una resolución.
La respuesta del Estado tampoco ha logrado adaptarse plenamente a la evolución de este fenómeno. Si bien México cuenta con un marco jurídico para combatir la violencia sexual contra menores de edad, el informe identifica importantes vacíos normativos.
Entre ellos destacan la ausencia de una tipificación clara de conductas como la sextorsión, las limitaciones para regular el contenido generado mediante inteligencia artificial y el uso persistente del término “pornografía infantil”, una expresión que diversos organismos internacionales consideran inadecuada porque minimiza la naturaleza del delito y desplaza la atención de la explotación y el abuso sufridos por las víctimas. Además, las plataformas digitales continúan teniendo responsabilidades limitadas para detectar y retirar oportunamente este tipo de contenido.
Frente a este escenario, las respuestas centradas únicamente en restringir el acceso de niñas, niños y adolescentes a las redes sociales o prohibir el uso de dispositivos móviles en las escuelas resultan insuficientes. La evidencia muestra que el problema no radica exclusivamente en la tecnología, sino en las dinámicas sociales que facilitan la violencia.
Por ello, las políticas públicas deben privilegiar un enfoque preventivo basado en la educación digital, el fortalecimiento de las capacidades de las familias y las escuelas, la actualización permanente del marco legal, la mejora de los mecanismos de denuncia y la coordinación entre autoridades, instituciones educativas, empresas tecnológicas y organizaciones de la sociedad civil. Solo mediante una estrategia integral será posible reducir un fenómeno que hoy constituye uno de los mayores riesgos para la protección de las infancias en los entornos digitales.
Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A.C. @ivarrcor @integridad_AC
