Proceso de admisión 2026 de la UASLP deja a miles fuera y genera dudas sobre el uso de recursos

El proceso de admisión 2026 de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) ha generado cuestionamientos sobre el destino de los recursos recaudados y la capacidad de la institución para ampliar su oferta educativa. De los 15 mil 097 aspirantes registrados, solo 14 mil 121 presentaron el examen de ingreso, una diferencia de casi mil estudiantes que no ha sido explicada por la universidad. Al final, únicamente 7 mil 912 lograron un lugar, dejando a miles de jóvenes sin la oportunidad de continuar sus estudios en la máxima casa de estudios del estado.

El costo del examen varía según el perfil del aspirante: 735 pesos para quienes buscan ingresar a la preparatoria de Matehuala, 860 pesos para egresados de preparatorias incorporadas a la UASLP, 995 pesos para quienes estudiaron en instituciones no incorporadas y hasta mil 330 pesos para quienes realizaron el bachillerato en el extranjero. Para muchas familias, este desembolso representó un esfuerzo económico considerable que terminó con un resultado de no admitido.

Las cifras de la universidad indican que mil 165 aspirantes de otras entidades del país presentaron el examen, lo que habría generado ingresos por más de 1.5 millones de pesos. Además, 23 aspirantes extranjeros, procedentes de Estados Unidos, Perú, Colombia y Cuba, contribuyeron con una recaudación superior a 1.57 millones de pesos. Hasta el momento, la UASLP no ha ofrecido una explicación pública detallada sobre el destino de esos recursos.

La falta de crecimiento en la capacidad de ingreso año tras año ha sido señalada como un problema recurrente. Para muchos, el proceso de admisión se convierte en un filtro costoso cuyo desenlace anticipa que una gran parte de los participantes será rechazada sin que exista una estrategia real para ampliar la oferta educativa. Quienes no obtuvieron un lugar enfrentan opciones limitadas: abandonar temporalmente sus estudios, incorporarse al mercado laboral, endeudarse para ingresar a una universidad privada o conformarse con una carrera distinta a la que aspiraban.

Los admitidos tampoco quedan exentos de gastos adicionales, pues deben cubrir el proceso de inscripción y otros costos para ingresar a una institución que en los últimos años ha enfrentado críticas por el deterioro de sus instalaciones y por diversos señalamientos relacionados con casos de acoso y abuso que han afectado su imagen pública.