SRE y FGR violaron ley al reservar información sobre Rocha, ‘Mayo’ y DEA: expertos

Especialistas en transparencia señalaron que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Fiscalía General de la República (FGR) violentaron la Ley de Transparencia al reservar por cinco años información relacionada con casos emblemáticos que vinculan a gobiernos con el narcotráfico, como el del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el traslado ilegal de Ismael 'Mayo' Zambada a Estados Unidos.

Salvador Romero Espinosa, presidente del Instituto Mexicano de Estudios de la Transparencia (IMET), explicó que la prueba de daño realizada por la SRE no fue exhaustiva conforme a los lineamientos para la clasificación de la información. En el caso de Rocha Moya, la dependencia restringió los documentos sin justificar por qué su publicación generaría un daño específico.

'Esta prueba de daño es hoy en día el requisito indispensable, esencial, para clasificar información pública… tienes que hacerlo documento por documento, expediente por expediente, incluso, hoja por hoja. Y en esta clasificación que hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores lo hace de manera general, eso violenta los lineamientos', afirmó Romero Espinosa.

El especialista agregó que la SRE, a cargo de Roberto Velasco, violentó el derecho humano a la información y dejó espacio para la sospecha. 'Lo que debió haber hecho Relaciones Exteriores era identificar uno por uno y decir “este no porque el daño que se generaría con este en particular es este; con este en particular es este”. Esta es una omisión o una deficiencia de la prueba de daño', sostuvo.

En el caso de la muerte de dos agentes de la DEA en Chihuahua y de las comunicaciones sobre el traslado ilegal de Ismael 'Mayo' Zambada a Estados Unidos, tanto la SRE como la FGR incumplieron con la obligación de máxima publicidad establecida en la Ley de Transparencia. Julieta del Río, excomisionada del INAI, señaló que 'la ley es muy clara, no puedes reservar la totalidad de un expediente'.

La legislación establece que, ante la reserva, se deben crear versiones públicas de los documentos solicitados. Sarahí Salvatierra, coordinadora del Programa de Rendición de Cuentas de FUNDAR, explicó que 'hay información que podría reservarse porque pudiera poner en riesgo la conducción de las investigaciones, la reserva es la excepción, eso no implica que se tenga que reservar toda la información'.

Los términos para reservar la información son de cinco años, pero podrían prolongarse por otros cinco. En esta nueva era de transparencia para el pueblo, esa decisión está en manos de las propias autoridades. Julieta del Río recordó que 'en el INAI reordenamos a la Fiscalía, recordarán ustedes, que entregara cuestionarios de audiencias en el caso Odebrecht… ordenamos que abrieran casos de Segalmex, independientemente que estuviera un proceso en curso'.

La opacidad no es exclusiva de grandes casos de corrupción o crimen, tema que se abordará en una segunda entrega.