Reforma en San Luis Potosí endurece penas y amplia definición de abuso sexual con nuevas agravantes

La diputada Ma. Sara Rocha Medina presentó una iniciativa para reformar el artículo 178 del Código Penal del Estado, con el objetivo de endurecer las sanciones contra el abuso sexual. La propuesta busca ampliar las agravantes del delito, incluyendo casos cometidos por profesionistas que aprovechan su cargo, en parajes solitarios, contra mujeres embarazadas o en periodo de puerperio, o por razones de orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Además, se redefine el abuso sexual como cualquier acto de naturaleza sexual sin consentimiento, incluyendo tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas, ya sea en el ámbito público o privado. Se establece que el consentimiento no puede presumirse del silencio, pasividad o falta de resistencia física, y queda anulado por violencia, intimidación, engaño, amenaza, abuso de confianza, autoridad o situación de vulnerabilidad.

La iniciativa contempla sanciones adicionales a la prisión y multa, como la obligación de asistir a talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia contra las mujeres, o prestar servicio social en favor del Estado o instituciones de beneficencia. Estas medidas buscan favorecer la no repetición y promover un cambio cultural hacia la igualdad sustantiva. El cumplimiento de dicha obligación será requisito para la suspensión condicional de la pena. Asimismo, se agrega la inhabilitación profesional para quienes cometan el delito aprovechando su empleo, cargo o comisión, por un plazo igual al de la prisión, sin perjuicio de otras sanciones.

Otras agravantes incluyen la existencia de una relación de confianza, sentimental, parental, laboral, educativa, docente, deportiva, artística o religiosa entre agresor y víctima, así como cuando el delito ocurra en lugares despoblados, solitarios o poco accesibles, o si la víctima está embarazada, en puerperio, en estado de indefensión, o es atacada por su orientación sexual, identidad o expresión de género. En todos estos casos, se impondrá la reparación integral del daño, que incluirá atención psicológica especializada hasta la recuperación total. La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia para su análisis.