SEP modifica postura y persiste vacío legal sobre escuelas militarizadas en México

La Secretaría de Educación Pública (SEP) cambió en tres días su explicación jurídica sobre las escuelas militarizadas. El 24 de julio afirmó que no existe una norma que autorice esta modalidad en educación básica; el 27 de julio, el titular Mario Delgado reconoció la existencia de un reglamento antiguo, aunque aseguró que está “superado” por las leyes actuales.

Un análisis del Tecnológico de Monterrey señala que dos disposiciones publicadas en 1943 y 1982 sí contemplan planteles militarizados y no se localizó un decreto que las elimine expresamente. El mismo documento aclara que esto no permite asegurar su vigencia por sí solo; se requiere una definición formal de la SEP, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal o una autoridad jurisdiccional.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) también se deslindó, afirmando el 25 de julio que carece de facultades para autorizar, supervisar o regular escuelas civiles militarizadas. Sustentó su postura en su Reglamento Interior de 2008.

Pese a la controversia, el Catálogo de Centros de Trabajo de la SEP identifica al menos 62 escuelas cuyo nombre contiene las palabras “militar” o “militarizada”, en niveles desde primaria hasta bachillerato. De ellas, 31 son públicas y 31 privadas, concentradas en estados como Nuevo León, Guanajuato y Tamaulipas.

El debate tomó fuerza tras la muerte de Dafne Zapata Quintos, de 13 años, ocurrida el 16 de julio en una academia militarizada en Ciudad Madero, Tamaulipas. La fiscalía investiga el caso bajo protocolo de feminicidio. La familia impulsa la llamada Ley Dafne, que propone prohibir novatadas, entrenamientos excesivos y violencia en estos planteles.

El documento del Tecnológico de Monterrey advierte que las leyes generales ya prohíben el castigo corporal y el trato humillante, independientemente de la modalidad. La SEP ha solicitado una revisión nacional de permisos, pero la definición jurídica del reglamento de 1943 y el Acuerdo 96 de 1982 sigue pendiente, dejando incertidumbre sobre la legalidad de estas escuelas.