Impulsan en Congreso reforma para una educación inclusiva y con perspectiva de género en SLP

El Congreso del Estado de San Luis Potosí analiza una iniciativa que propone armonizar la Ley de Educación estatal con la legislación federal, a fin de incorporar la perspectiva de género, fortalecer la inclusión, erradicar las violencias y establecer medidas que prevengan la deserción escolar mediante políticas y apoyos con enfoque de derechos humanos.

La propuesta fue presentada por el diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, quien planteó reformas a diversos artículos de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí. El legislador señaló que la reforma federal representa un cambio de paradigma en la protección del derecho a la educación, en materia de inclusión y perspectiva de género, situación que debe ser homologada en la legislación estatal.

Uno de los puntos centrales es la modificación del artículo 12 de la ley estatal, para que la educación en la entidad sea obligatoriamente inclusiva, pero bajo una perspectiva de género y de derechos humanos. La iniciativa destaca que por primera vez se reconoce a la violencia como una de las “condiciones estructurales” que actúan como barrera para el aprendizaje, lo que obligaría al sistema educativo a eliminarla para garantizar la participación plena de los educandos.

En materia de diversidad y derechos, se propone reformar el artículo 107 de la Ley de Educación del Estado, con el objetivo de sustituir términos ambiguos como “preferencia sexual” por “orientación sexual” y “aspectos de género” por “estereotipos de género”. Esta precisión técnica es considerada vital, ya que reconoce que los prejuicios y estereotipos son los que realmente constituyen barreras para acceder a los servicios educativos, y no la condición de la persona en sí misma.

Además, la iniciativa establece acciones afirmativas y prevención de la deserción escolar. Se busca dotar de nuevas facultades y obligaciones a las autoridades educativas estatales y municipales, también en el artículo 107, al integrar la obligatoriedad de implementar políticas con enfoque diferenciado y perspectiva de género para la prevención de la deserción escolar. Esta adición pone especial énfasis en la protección de mujeres, adolescentes, niñas y niños, asegurando que el apoyo económico y las becas no sean solo entregas monetarias, sino parte de una política transversal de permanencia escolar.

La iniciativa fue turnada para su análisis a las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y de Derechos Humanos del Congreso estatal.