Iniciativa en SLP busca endurecer penas por lesiones con secuelas permanentes

La iniciativa presentada por el diputado César Arturo Lara Rocha plantea reformar los artículos 136 y 137 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de actualizar las sanciones por el delito de lesiones y hacerlas proporcionales a la gravedad de las conductas. La propuesta busca precisar los supuestos que impliquen cicatrices permanentes, daños funcionales, deformaciones incorregibles o incapacidad permanente, con penas de hasta 10 años de prisión.

De acuerdo con el documento turnado a la Comisión Primera de Justicia, la iniciativa pretende incorporar de manera expresa las afectaciones en zonas corporales visibles y de alta relevancia social, como la cabeza y el cuello. También busca precisar las consecuencias jurídicas, incluyendo supuestos como la deformidad incorregible y la afectación funcional permanente, así como fortalecer el principio de taxatividad mediante una redacción más clara que reduzca los márgenes de interpretación.

El proyecto establece tres niveles de sanción según la gravedad de las lesiones. En primer lugar, si las lesiones no ponen en peligro la vida pero dejan una cicatriz notable y permanente en la cara, cabeza, cuello o en uno o ambos pabellones auriculares, se impondrá una pena de dos a cinco años de prisión y una sanción pecuniaria de 150 a 500 días del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

En segundo lugar, cuando las lesiones produzcan debilitamiento, disminución o perturbación de funciones, órganos o miembros, o perturbación de las facultades volitivas, la pena será de tres a siete años de prisión y una sanción pecuniaria de 200 a 800 días del valor de la UMA.

En tercer lugar, si las lesiones ocasionan enajenación mental, pérdida definitiva de algún miembro o de cualquier función orgánica, deformidad incorregible que afecte la apariencia o funcionalidad corporal, o incapacidad permanente para trabajar, la pena será de cuatro a diez años de prisión y una sanción pecuniaria de 300 a 1000 días del valor de la UMA.

El legislador Lara Rocha señaló que la iniciativa busca contribuir a un marco jurídico más eficaz en la protección de la integridad personal, sin apartarse de los principios constitucionales que rigen el sistema penal, particularmente los de legalidad, proporcionalidad y seguridad jurídica.

La propuesta fue turnada para su análisis a la Comisión Primera de Justicia del Congreso local, donde será discutida y, en su caso, modificada antes de ser sometida a votación del pleno.