La captura del R1 y el problema de la justicia
La detención de “El R1” representa una victoria para las autoridades, pero también deja un recordatorio incómodo: con demasiada frecuencia, el Estado sigue llegando después de que los crímenes ya...
La detención de “El R1” representa una victoria para las autoridades, pero también deja un recordatorio incómodo: con demasiada frecuencia, el Estado sigue llegando después de que los crímenes ya ocurrieron. De acuerdo con las autoridades, se trata del presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, un crimen que conmocionó al país y que se convirtió en una de las primeras grandes crisis de seguridad para el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Sin embargo, más allá de la relevancia de la captura, persisten muchas preguntas. Las explicaciones oficiales sobre el móvil del asesinato siguen siendo insuficientes. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló que Manzo habría sido asesinado porque confrontaba y provocaba públicamente al líder criminal y a su organización. Esa es, hasta ahora, la explicación ofrecida por las autoridades.
Pero un homicidio de esa magnitud exige mucho más que una explicación sobre las diferencias entre un líder criminal y una autoridad: requiere esclarecer las circunstancias que hicieron posible el crimen, identificar las redes de protección que permitieron operar a sus responsables y determinar los intereses criminales y políticos que pudieron estar detrás del asesinato.
El caso termina evidenciando un problema mucho más profundo. Por un lado, exhibe las deficiencias en la coordinación entre los distintos niveles de gobierno; por otro, obliga a preguntarse por las posibles redes de protección de autoridades locales que, ya sea por miedo, incapacidad o colusión, permitieron que un personaje de esta relevancia pudiera operar durante tanto tiempo.
Pero quizá lo más preocupante es el mensaje que envía a quienes pretenden enfrentarse a estos grupos: ninguna autoridad parece estar completamente a salvo. No importa qué tan visible mediáticamente sea, qué tan popular resulte entre la población o qué cargo desempeñe; si una organización criminal conserva suficiente capacidad operativa y control territorial, puede intentar eliminar a quien considere un obstáculo para sus intereses.
Por eso, reducir el asesinato de Manzo a una provocación personal resulta insuficiente. El problema no es solamente explicar por qué un líder criminal habría ordenado su muerte, sino entender cómo pudo hacerlo. ¿Qué condiciones permitieron planear el asesinato de una figura pública? ¿Qué redes facilitaron su ejecución? ¿Qué información tenían previamente las autoridades sobre la organización criminal y sus dirigentes? Y, sobre todo, ¿por qué las instituciones no fueron capaces de impedirlo?
El caso adquirió una dimensión todavía mayor cuando las autoridades vincularon al mismo “R1” con otro homicidio de alto impacto ocurrido el año pasado: el feminicidio de la influencer Valeria Márquez, asesinada durante una transmisión en vivo en Zapopan. De acuerdo con la investigación difundida por las autoridades, el homicidio habría sido ordenado por “El R1” a petición de su propio hijo, quien mantenía una relación sentimental con la joven.
La sorpresa fue mayor cuando la propia Fiscalía de Jalisco informó que en el estado no existían carpetas de investigación abiertas contra este personaje. La afirmación resulta preocupante por varias razones. Primero, porque después de más de un año la investigación estatal sobre el asesinato de Valeria Márquez no había producido avances suficientes para identificar públicamente al presunto autor intelectual.
Segundo, porque evidencia posibles fallas en el intercambio de información entre autoridades federales y estatales. Si las instituciones federales contaban con información que vinculaba a “El R1” con este crimen, tendría que explicarse cuándo obtuvieron esos datos y si fueron compartidos oportunamente con la Fiscalía de Jalisco.
Los asesinatos de Carlos Manzo y Valeria Márquez son casos diferentes y responden a circunstancias distintas, pero ambos permiten observar un mismo problema de fondo: la capacidad de las organizaciones criminales para decidir sobre la vida de las personas y para operar en territorios de estados como Michoacán y Jalisco con un margen de acción que resulta preocupante. No se trata únicamente de reconocer que existen grupos criminales. Se trata de admitir que algunos de ellos han acumulado recursos, información, redes de protección, capacidad logística y poder territorial suficientes para planear y ejecutar homicidios de alto impacto.
Mientras esa capacidad permanezca intacta, ninguna captura, por importante que sea, podrá considerarse una victoria definitiva contra la violencia. Habrá detenidos y habrá investigaciones, pero seguirá pendiente lo más importante: demostrar que en México la última palabra sobre quién vive y quién muere pertenece a la ley y no a las organizaciones criminales.
Iván Arrazola es analista político e integrante de Integridad Ciudadana A. C. @ivarrcor @integridad_AC
