Iniciativa en San Luis Potosí busca tipificar la violencia estética como agresión contra mujeres

El Congreso del Estado de San Luis Potosí analiza una propuesta para incorporar el concepto de ‘violencia estética’ en la legislación local de protección a las mujeres. La iniciativa, presentada por la diputada Roxanna Hernández Ramírez, plantea una adición a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado.

La propuesta define la violencia estética como cualquier acción u omisión que ejerza presión sobre las mujeres para modificar su apariencia física con el objetivo de ajustarse a estereotipos de belleza socialmente establecidos. Según el texto, esta práctica genera discriminación y exclusión hacia quienes no cumplen con dichos cánones, pudiendo provocar daños psicológicos, físicos y, en casos extremos, la muerte.

La iniciativa especifica que esta forma de violencia se manifiesta principalmente en tres ámbitos: la imposición de estándares estéticos cuyo incumplimiento derive en trato desigual; la realización de procedimientos estéticos sin el consentimiento explícito de la mujer; y la ejecución de intervenciones quirúrgicas, tratamientos estéticos o administración de sustancias para modificación corporal por parte de personal no autorizado o sin la capacitación profesional correspondiente.

La diputada proponente, Roxanna Hernández Ramírez, argumentó que el propósito central de la iniciativa es visibilizar una forma de agresión que ha sido normalizada por su arraigo cultural. Según su planteamiento, este arraigo ha impedido que se identifique claramente como violencia, por lo que su reconocimiento legal permitiría diseñar políticas públicas e acciones institucionales orientadas a su prevención, atención y eventual erradicación.

El documento legislativo fue turnado para su estudio y dictamen a la Comisión de Igualdad de Género del Congreso potosino, donde iniciará su proceso de análisis. De ser aprobada, San Luis Potosí se convertiría en una de las primeras entidades federativas en México en reconocer formalmente este tipo de violencia dentro de su marco jurídico de protección a los derechos de las mujeres.