San Lui Potosí: Propuesta de reforma endurece penas por lesiones para garantizar proporcionalidad
El diputado César Arturo Lara Rocha presentó una iniciativa para modificar los artículos 136 y 137 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de actualizar las sanciones por el...
El diputado César Arturo Lara Rocha presentó una iniciativa para modificar los artículos 136 y 137 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de actualizar las sanciones por el delito de lesiones y hacerlas más proporcionales a la gravedad de las conductas.
La propuesta busca incorporar de manera expresa afectaciones en zonas corporales visibles y de alta relevancia social, como la cabeza y el cuello, así como precisar las consecuencias jurídicas en supuestos como la deformidad incorregible y la afectación funcional permanente. Además, se pretende fortalecer el principio de taxatividad mediante una redacción más clara que reduzca los márgenes de interpretación.
En concreto, la reforma al artículo 137 establece que las lesiones que no pongan en peligro la vida del ofendido, pero dejen consecuencias, se sancionarán de la siguiente manera: cuando dejen una cicatriz notable y permanente en la cara, cabeza, cuello o pabellones auriculares, se impondrá una pena de dos a cinco años de prisión y una sanción pecuniaria de 150 a 500 días del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Cuando las lesiones produzcan debilitamiento, disminución o perturbación de funciones, órganos o miembros, o perturbación de facultades volitivas, la pena será de tres a siete años de prisión y una sanción pecuniaria de 200 a 800 días de UMA. En casos más graves, como enajenación mental, pérdida definitiva de un miembro o función orgánica, deformidad incorregible que afecte la apariencia o funcionalidad corporal, o incapacidad permanente para trabajar, la pena será de cuatro a diez años de prisión y una sanción pecuniaria de 300 a mil días de UMA.
El legislador señaló en su exposición de motivos que la reforma busca contribuir a un marco jurídico más eficaz en la protección de la integridad personal, sin apartarse de los principios constitucionales de legalidad, proporcionalidad y seguridad jurídica. La iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión Primera de Justicia.
